La declaración de Bulacio es clave para la causa

La información que pueda aportar Myriam del Huerto Bulacio, una de las imputadas en el marco de la investigación por la aparición de títulos de abogado presuntamente falsos, puede ser clave. Y, como no se presentó en el Juzgado Federal, se ordenó su detención.
El martes, el defensor de Bulacio, Jorge Lobo Aragón, dijo que su cliente estaba a disposición de la Justicia, pero no la llevó a declarar ni presentó escrito alguno que planteara la predisposición de la acusada a declarar. Por eso, el juez federal N0 2, Mario Racedo, ordenó el allanamiento de su casa, en calle Delfín Gallo al 2.400, y la detención. Bulacio ya había sido buscada el 8 de junio, pero por personal de la Policía local y por orden del juez de Instrucción Juan Francisco Pisa. Luego, este magistrado entendió que la causa debía ser investigada por la Justicia Federal y se inhibió, por lo que la sospechosa siguió en libertad. Posteriormente, Racedo ordenó la detención de otro sospechoso, Mario Alberto Murillo, quien sí declaró y confesó que el título con el que ejercía como abogado lo había comprado a un "gestor" en 2005. En cambio, Lobo Aragón afirmó que su defendida cursó y rindió materias durante 10 años, hasta que en 2004 obtuvo su título de abogada, con el cual comenzó a trabajar. "Puede dar todos los nombres y todas las pruebas. Ella no falsificó nada; al contrario, puede haber sido víctima de una estafa. Pero esta maniobra se habría realizado dentro de la facultad, que es lo que hay que investigar", indicó en su momento Lobo Aragón.
Desde que se inició el caso, tras la denuncia del Colegio de Abogados, Racedo estuvo esperando que Bulacio se presentara a declarar por propia iniciativa, teniendo en cuenta que está imputada, pero no lo hizo. Durante los allanamientos que se realizaron en su casa (uno a cargo de la Policía provincial y el otro, de la Federal) se secuestraron, además de su título, documentos referidos a su trabajo como abogada, como escritos judiciales, y un certificado analítico. Pero, según Lobo Aragón, conserva la libreta universitaria, con la cual probaría que, efectivamente, cursó las materias en la Facultad de Derecho.
Ayer, Lobo Aragón -sin saber que había una orden de detención contra su defendida- se explayó en su análisis del caso. "Lo que les sucedió a Murillo y a mi defendida está vinculado; el problema de la presunta falsificación y la presunta venta de títulos y (de certificados) analíticos están relacionados ", dijo y afirmó que la UNT no puede desconocer la existencia de irregularidades ni que hubo personas dentro del ámbito universitario que obraron mal. "De hecho, hay 69 estudiantes que pudieron obtener notas falsas para aprobar, alumnos que supuestamente compraron notas para poder eximirse o recibirse. Hay egresados y otros que esperan jurar, cuyos títulos están siendo investigados", dijo. "Bulacio pasó todos los filtros . Una vez que el egresado obtiene el diploma, debe presentarlo en el Colegio de Abogados junto al (certificado) analítico y demás requisitos. El Colegio le da una matrícula, y eleva una nota a la Superintendencia de la Corte, en la que comunica la matriculación y señala que todos los papeles fueron presentados en tiempo y forma. Luego que la Superintendencia tiene esos datos, comunica a la Corte cuál será el día de juramento. Si Bulacio pasó todos los filtros y la Superintendencia no tiene la función de investigar la autenticidad de la documentación, es lógico pensar que en el medio algo está fallando", afirmó Lobo Aragón.
Racedo ya ordenó que personal de Gendarmería haga análisis caligráficos en los títulos de Bulacio y de Murillo. Una vez que se obtenga la libreta universitaria de Bulacio, se realizará un control similar.

"Estos títulos no salieron de la UNT"
El secretario de general de la UNT, José Hugo Saab, reconoció fallas de control en el registro de notas de las actas de exámenes en la Facultad de Derecho. "Esperamos que con el nuevo sistema informático se profundicen los controles, pero los títulos presentados por estas dos personas (los imputados Myriam Bulacio y Mario Murillo) fueron falsificados; no salieron de la UNT", dijo. Saab explicó que cuando el rector firma los títulos chequea una planilla adjunta, donde se registran los nombres y los apellidos que llevan los diplomas.
Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Abogados, Mariano Cheín, indicó que ellos denunciaron en la Justicia Penal los dos casos, que aparecieron como consecuencia del control interno que hace en forma permanente la institución. "No hemos encontrado otros casos hasta el momento", aseguró; negó que existan cientos de casos similares y sostuvo que, años atrás, estos títulos falsos lograron sortear los controles violando la buena fe del Colegio. "Una vez que termine la investigación de la Justicia actuaremos como parte querellante, porque este caso configura un delito de acción pública", indicó y aseguró que, por ahora, se sigue investigando internamente cómo fue que pudo filtrarse documentación falsificada.
Saab, en tanto, adelantó que se pidió al director de Asuntos Jurídicos de la UNT que envíe una carta documento a Carlos Mayer, abogado defensor de Murillo, por haber declarado públicamente que existen títulos falsos, supuestamente expedidos por la Facultad de Ciencias Exactas, y señaló que no se puede mancillar el nombre de una institución por defender a alguien. "Si vio personalmente estos títulos tendría que haber hecho la denuncia pertinente", indicó.
Asimismo, aclaró que la aparición de títulos truchos y la presunta venta de notas, que se investiga en la Facultad de Derecho, son dos casos totalmente distintos. "La UNT no tiene nada que ver con los títulos falsificados de Bulacio y de Murillo; habrán comprado un cartón similar, habrán falsificado sellos y firmas, pero no son de la UNT. De hecho, Murillo no pasó por esa facultad y Bulacio figura en el legajo con sólo dos materias rendidas", señaló.

Opinan que sería saludable que se haga una auditoría
El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, Franco Morales, opinó que no le parece mal que se haga una auditoría en el sistema informático de la UNT y de cada facultad, en relación con la investigación que lleva adelante la Justicia Federal.
"La investigación debe profundizarse entre el personal no docente, ya que (los empleados) cambian cada vez que asume un rector; los cargos son políticos en su mayoría", dijo el estudiante. "Es lógico que la sociedad quiera saber cómo es posible que haya estudiantes que pagaron para obtener una nota que no les correspondía y que haya adentro de la facultad personal supuestamente calificado y de confianza -tenían códigos de acceso al sistema de registro de notas-. Tienen que reconocer que hubo fallas humanas y de control", aseveró.
"Todo lo que se haga para transparentar esta situación estará bien. Nosotros estamos a disposición de la investigación y nos parece correcto que todos los que estamos en la facultad hagamos lo mismo para que esto se resuelva lo antes posible", finalizó.