Quería invertir, en los Valles, en proyectos mineros

Los derechos pasaron a una firma británica. Los servicios secretos israelíes se enteraron de la intención de Al Kassar de participar en un negocio en Tucumán.

09 Junio 2007
Tucumán ocupó el centro de la escena política y policial nacional e internacional entre fines de 2000 y principios de 2001, cuando trascendió que el presunto traficante de armas Monzer Al Kassar invertiría en proyectos de explotación de minas de oro en la provincia.
Las versiones tomaron estado público cuando el empresario minero Miguel Solanís reconoció que era socio de Al Kassar, quien habría recibido U$S 3 millones -de parte de la empresa británica Imperial Consolidated (ICG)- como parte de la inversión que se pensaba realizar en un proyecto valuado en unos U$S 400 millones.
Inicialmente se especuló con que el emprendimiento minero se localizaría en El Alisal, Lules, pero luego el propio Solanís -como publicó LA GACETA en aquellos meses- informó que las minas se encontraban en los Valles Calchaquíes, en las zonas de Amaicha del Valle y Ampimpa.
Al trascender que Al Kassar estaría involucrado en un negocio minero internacional en Tucumán, la novedad cruzó las fronteras y llegó hasta Israel, desde donde anunciaron que agentes del servicio secreto israelí vendrían a la provincia para conocer mayores detalles de la inversión y del proyecto en sí mismo, y de las vinculaciones que existían entre Solanís y Al Kassar.

Robo y algo más
El supuesto interés de los empresarios por invertir en la minería de Tucumán también tuvo su capítulo policial, ya que a mediados de enero de 2001 Solanís sufrió un robo en su domicilio particular, de donde los delincuentes se llevaron dinero, piedras con valor arqueológico y joyas, por unos $ 60.000.
Un mes más tarde, el entonces secretario de Estado de Minería y Recursos Energéticos de la provincia, Juan Carlos Ramírez, informó -según publicó LA GACETA- que en septiembre de 2000 Solanís había cedido sus derechos mineros a la empresa británica Conming Mineral Corporation (CMC), una subsidiaria de Imperial Consolidated.
Pero en el caso también tuvieron participación otros dos empresarios locales: Jorge Aráoz y Antonio Botta, que tenían registrados pedimentos a su favor realizados en 1997 y 1998.
Estos -siempre según declaró Ramírez a nuestro diario en febrero de 2001- también habían transferido sus derechos de exploración a una empresa que constituyeron bajo el nombre de Tucumán Mineral Corporation, en sociedad con Imperial Consolidated Group.