Los miedos que genera un atraso en las obras

Cuesta creer que un Gobierno nacional que navega en dinero, fruto de la bonanza fiscal, más allá de que haya dilapidado parte de ella en lo que va del año con el aumento del gasto público, encienda luces de alerta en las provincias. La obra pública estaba llamada a ser la vedette del año, porque es la herramienta a la que apela el oficialismo para atrapar al electorado. Lo ha sido siempre y este Gobierno -nacional y provincial- ha dado muestra de que seguirá siendo el instrumento imprescindible para perpetuarse en el poder.
Pero, desde que se profundizaron las investigaciones sobre el caso Skanska, otra ha sido la política oficial respecto del manejo de los fondos fiduciarios, fuente de financiamiento de gran parte de las obras en marcha en las provincias. Ese hecho, que está ligado a la construcción del Gasoducto del Norte, despertó inquietud en distintos sectores.
Aunque el gobernador José Alperovich diga públicamente que "estamos trabajando fuerte" en materia de obra pública, hay cierta preocupación por las demoras en la remisión de fondos federales. Si bien en el corto plazo se disimulará "la indisponibilidad de recursos para obras", como la llama la Nación, después de transcurrido los 90 días de atraso sería otro el escenario si es que en Buenos Aires cierran el grifo. Claro que en tres meses ya estará echada la suerte del futuro gobierno tucumano.
El mayor control de fondos que se giran a las provincias hará perder poder político al gobernador afectado. Las respuestas institucionales también se demorarían y, por ende, puede afectar el humor de la gente que espera la ejecución de una obra. ¿Qué efectos podría tener en Tucumán? El Gobierno piensa ejecutar, durante todo este año, más de $ 1.500 millones en obras públicas; el 80% de ese total es financiamiento federal. Si hay demoras, se sentirán en trabajos viales, hídricos y otros de alto impacto social, pese a que el Gobierno trata de restarle dramatismo a esta situación. Un caso excepcional es el de los planes de viviendas que para este año se presupuestaron cerca de $ 730 millones pero que no entran dentro de la rendición de cuentas detallada que ordenó el poder central. Para cubrir ese bache, el Gobierno lanzó una operatoria especial, vía Banco del Tucumán, para que con hasta $ 50 millones se puedan cubrir los desfases, tanto en el pago de certificados de obras como por redeterminación de precios.
En este último aspecto, hizo hincapié, el martes pasado en Catamarca, la Cámara Argentina de la Construcción. Esa entidad anunció que profundizará los reclamos por la redeterminación de precios y por el recálculo de costos. "No hay ningún planteo en ese sentido", fue la lacónica respuesta del gobernador al ser consultado sobre ese tema. En cambio, sí existe la necesidad política de mostrarse hasta un instante antes de las elecciones del 26 de agosto inaugurando obras públicas. No está escrito que ese trabajo se paralice si es que Alperovich no va a supervisarlo o a cortar la cinta.
Por el lado del sector privado, también hay mucha inquietud. En el sector de la construcción observan que una discusión con el Gobierno -por los precios- traerá aparejada cierta ruptura de relaciones que, en el futuro, pueden ser determinantes en la relación. Los industriales, a su vez, temen que el caso Skanska termine paralizando una obra que asegurará la provisión de gas para una actividad que crece al ritmo de la economía. Planteadas así las cosas, la posible demora del plan de obras públicas no le hace bien a nadie.
Los fondos federales llegan a cuentagotas, pese a que este 2007 fue calificado como "el año del derrame de obras públicas"; esto podría encarecer ciertas obras. Está latente el riesgo de que algunas no se hagan, por falta de presupuesto, y de que otras, por caso, sean reanunciadas como nuevas.