25 Mayo 2007 Seguir en 
Hace 197 años que la Primera Junta del Cabildo metropolitano instaló la transición del virreinato hacia la independencia que se formalizaría en Tucumán, pero, rumbo al bicentenario, la República deja bastante por desear y causaría decepción entre los patricios de Mayo. La patria soñada por ellos se debe mucho a sí misma, especialmente si se lo analiza a partir de la restauración constitucional de 1983, cuando tras un prolongado período de irrupciones bastardas en el poder, sus diversos gobiernos no lograron hasta el momento sucederse asumiendo el principio de continuidad que requiere el Estado. La fecha patricia coincide esta vez con el cumplimiento formal del mandato presidencial que, no por ello, dejará de prolongarse casi seis meses por efecto de la crisis que lo precedió. Se trata de un hecho redundante, pues dos presidentes debieron renunciar durante ese lapso anticipadamente, modificando el orden institucional. Carlos Menem y Néstor Kirchner han sido por ello los únicos jefes del Estado que completaron sus mandatos, mas, paradójicamente, debieron prolongarlos por causa de las crisis que los precedieron. El saldo general del proceso de recuperación constitucional deja, sin embargo, una señal positiva de extraordinario valor y es la firme desmilitarización de la política, consecuente con el fortalecimiento del sentimiento democrático en la sociedad.
Los cuatro años cumplidos por Kirchner se iniciaron tras una elección marcada por la improvisación forzosa de un sistema electoral impuesto por la crisis. Votado por el 22 por ciento de la ciudadanía, el Presidente se abocó de inmediato a la construcción del poder que las urnas no le dieron, para tratar de salir del virtual colapso político, económico y social. No mucho tiempo debió transcurrir para que ese objetivo fuera alcanzado, especialmente en el manejo de la economía, donde los datos estimulantes significaron una baja pronunciada de la tasa internacional de riesgo país, con gradual recuperación social. Esa progresión se evidenció en las encuestas sobre la gestión presidencial de buena administración, si bien con visión de corto y mediano plazo, situación que no significó, empero, una corriente de inversiones de capital que haga trascender los resultados macroeconómicos al crecimiento de largo plazo. El cambio en el Ministerio de Economía afirmó esa tendencia y, a partir del mismo, la política económica quedó absolutamente sometida a las decisiones presidenciales.
Puede afirmarse así que no hay ninguna gestión de gobierno que escape a la voluntad de Kirchner, quien no ha realizado durante su mandato reuniones de gabinete, inclusive para suscribir los 230 decretos de necesidad y urgencia que sólo excepcionalmente permite la Constitución en acuerdo de ministros. Los DNU y la ley de emergencia económica en la que el oficialismo del Congreso ha basado la transferencia de facultades propias o superpoderes al Poder Ejecutivo, han constituido el más fuerte presidencialismo desde la restauración constitucional. A ese rasgo de gestión deben agregarse las dificultades para el acceso a la información y la renuencia del Presidente a mantener relaciones regulares con la prensa. Políticamente, la gestión presidencial está muy lejos de los resultados económicos y ello se manifiesta en la inseguridad pública y la crisis de autoridad en las calles, así como en los hechos de corrupción que el Estado no controla adecuadamente. A resultados tan diversos y contradictorios, debe sumarse la ambigua promoción de la esposa de Néstor Kirchner como sucesora en el poder.
Los cuatro años cumplidos por Kirchner se iniciaron tras una elección marcada por la improvisación forzosa de un sistema electoral impuesto por la crisis. Votado por el 22 por ciento de la ciudadanía, el Presidente se abocó de inmediato a la construcción del poder que las urnas no le dieron, para tratar de salir del virtual colapso político, económico y social. No mucho tiempo debió transcurrir para que ese objetivo fuera alcanzado, especialmente en el manejo de la economía, donde los datos estimulantes significaron una baja pronunciada de la tasa internacional de riesgo país, con gradual recuperación social. Esa progresión se evidenció en las encuestas sobre la gestión presidencial de buena administración, si bien con visión de corto y mediano plazo, situación que no significó, empero, una corriente de inversiones de capital que haga trascender los resultados macroeconómicos al crecimiento de largo plazo. El cambio en el Ministerio de Economía afirmó esa tendencia y, a partir del mismo, la política económica quedó absolutamente sometida a las decisiones presidenciales.
Puede afirmarse así que no hay ninguna gestión de gobierno que escape a la voluntad de Kirchner, quien no ha realizado durante su mandato reuniones de gabinete, inclusive para suscribir los 230 decretos de necesidad y urgencia que sólo excepcionalmente permite la Constitución en acuerdo de ministros. Los DNU y la ley de emergencia económica en la que el oficialismo del Congreso ha basado la transferencia de facultades propias o superpoderes al Poder Ejecutivo, han constituido el más fuerte presidencialismo desde la restauración constitucional. A ese rasgo de gestión deben agregarse las dificultades para el acceso a la información y la renuencia del Presidente a mantener relaciones regulares con la prensa. Políticamente, la gestión presidencial está muy lejos de los resultados económicos y ello se manifiesta en la inseguridad pública y la crisis de autoridad en las calles, así como en los hechos de corrupción que el Estado no controla adecuadamente. A resultados tan diversos y contradictorios, debe sumarse la ambigua promoción de la esposa de Néstor Kirchner como sucesora en el poder.







