La polución que provocan los ómnibus

En las sociedades más civilizadas, se sancionan leyes para aplicarlas y para cumplirlas. La educación y el respeto por el prójimo hacen posible el progreso. No sucede lo mismo en nuestro país -Tucumán es una muestra de ello-: una gran cantidad de normas se aplican a medias o no se aplican, y siempre hay argumentos para justificar la infracción, tanto desde el Estado como desde el ciudadano. Días pasados, dimos a conocer un informe de la Universidad Tecnológica Nacional, que señalaba que, de acuerdo con mediciones efectuadas por el Laboratorio de Química de esa casa de altos estudios, el límite de contaminación del aire por partículas carboalquitranosas está excedido hasta seis veces respecto de lo que fijan las normas internacionales.
El jefe del laboratorio le dijo a nuestro diario que estos índices se registraron en lugares como la plazoleta Mitre, en la esquina del Correo, y en calles Crisóstomo Alvarez, Santiago del Estero, Salta, Monteagudo y General Paz, entre otras por las cuales circulan numerosos colectivos. El contenido del humo que arrojan estos vehículos se genera por deficiencias en el mantenimiento de los motores. Los más afectados por la inhalación directa del humo que sale de los caños de escape son los transeúntes que circulan por la vereda, los motociclistas, los ciclistas. Sobrellevan a diario el mismo padecimiento los ciudadanos que viven o trabajan en cuadras por las que circulan gran cantidad de vehículos, y hasta quienes eligen las plazas céntricas para hacer ejercicio. Según un neumonólogo, una de cada cinco personas puede sufrir daños en su salud a causa de la inhalación de las partículas de hollín del humo de los colectivos. Esa población de riesgo está compuesta por personas que sufren enfermedades pulmonares, ancianos, enfermos cardíacos y niños. No es, por cierto, algo que no sepan ni los funcionarios municipales encargados del control ni los propietarios de los ómnibus.
Según el jefe del Laboratorio de Química de la UTN, los organismos de control hacen la vista gorda porque, si presionan demasiado, el empresariado amenaza con despedir personal. Si no lo hacen, los que pagan las consecuencias son los ciudadanos, cuyas vías respiratorias se envenenan con partículas cancerígenas. Por su lado, el responsable de los controles de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental de la Municipalidad (Dipsa) afirmó que si la medición supera el 80 % se labra un acta de comprobación y se solicita al juez de Faltas que la unidad sea retirada de circulación hasta que se ponga en condiciones su bomba inyectora. Comentó que cuando los agentes municipales intentan secuestrar un colectivo, tropiezan con la oposición de los usuarios y de los dueños de la unidad. Una versión similar dio el director municipal de Transporte: "el mismo usuario hace denuncias, pero se opone a que secuestremos el colectivo", dijo.
Parece un contrasentido que los mismos usuarios se opongan al secuestro de las unidades que están en infracción, como afirman los funcionarios municipales. Pero no es menos cierto que en Tucumán los infractores aplican con éxito desde hace años la estrategia de la extorsión, es decir: amenazar con crear un conflicto social (por lo general, se anuncian despidos) y trasladarle el problema al Estado si se se los sanciona como corresponde.
De ese modo, el problema se vuelve crónico porque no se aplican las ordenanzas en vigencia o se las cumple a medias. Con ese criterio, es muy difícil crear conciencia ciudadana y avanzar en la buena convivencia, condición necesaria impedir que continúe la contaminación del aire que respiramos y que nos afecta a todos.