El déficit con la historia y con la democracia
La conmemoración del 25 de Mayo hallará una provincia que borra todo registro del pasado. Y que no completa los requisitos mínimos de un legítimo estado de derecho. Por Alvaro José Aurane - Redacción LA GACETA.
23 Mayo 2007 Seguir en 
El 25 de Mayo de 1810 encarna un proceso eminentemente político. Por ello, la fecha obliga a reparar en la calidad de la representación y en la vigencia de las instituciones. Es una reflexión impuesta desde el símbolo mismo de aquella gesta: el Cabildo. La representación de los vecinos como participación de la comunidad inmediata.Cuando se traslada esa imagen a Tucumán, se advierte que hasta las estampas denuncian a la provincia cuya capital ya no tiene cabildo. “No se trata de querer volver a la colonia, se trata de querer no olvidar”, enseña la historiadora Gabriela Tío Vallejo. Pero en el subtrópico se borran los registros de la historia. De allí que, tras 24 años de democracia, el peso del pasado autoritario sea tal que desandarlo para caminar sobre mejores niveles de democracia, de republicanismo y de desarrollo social aparezca como un sueño tan lejano como el ideario de Mayo. Y de allí, por supuesto, el éxito electoral de una gestión que arrasa la calidad institucionalidad, pero que, a cambio, asfalta. El 25 de Mayo vendrá a mostrar violentos contrastes del presente con la historia. Durante la primera mitad del siglo XIX aparecen el Primer Gobierno Patrio, en 1810; la Declaración de la Independencia, en 1816; y la Constitución de 1853, un contrato social fundador de instituciones y limitador del poder político. En cambio, ahora, en este siglo, en esta provincia, en esta década, aparece una Carta Magna que acrecienta el poder del Ejecutivo. Que socava los cimientos de los otros poderes. Y que prolonga la estancia en el Gobierno de los que lo ocupan desde el mirandismo. Esos que, mediante el manejo oscuro del presupuesto, declararon la dependencia de los municipios y las comunas respecto del poder central.
Justamente, el feriado de pasado mañana encontrará, aquí, una república desequilibrada, gracias a que la última reforma constitucional se encargó de que la Justicia (amenazada por los nuevos sistemas de designación y remoción de jueces) y la Legislatura (que debe reunir una mayoría imposible para deponer al gobernador) no puedan contrapesar a la Casa de Gobierno.
La historia no se privará de ironías para la fecha, a partir del encuentro de integración regional del fin de semana pasado, al que no invitaron a integrarse a representantes de los sectores industriales y de los factores económicos. Ni siquiera a los legisladores locales, pese a que en la delegación brasileña había dos presidentes de parlamentos. Mientras en 1810 los vecinos proclamaban, en las puertas del Cabildo, “el pueblo quiere saber de qué se trata”, en 2007, gobernadores de dos países celebraron comidas privadas en la cerrada casa del anfitrión y la capital fue sitiada para que ningún tucumano se acerque a la sede del Gobierno.
Pero el de Tucumán no sólo es un déficit con la historia. Peor aún: tampoco se reduce a la institucionalidad. Angustia pensar en la calidad de la democracia a la luz de las condiciones mínimas que requiere un auténtico estado de derecho.
Contra el imperio de la ley se erige el grito del gobernador. Con él basta para archivar causas contra funcionarios sin citarlos a declarar. Para archivar juicios políticos contra fiscales que el mandatario declaró proteger. Para encarar millonarias obras públicas sin licitación.
Contra la rendición de cuentas se levantan las 140 objeciones a la Cuenta de Inversión 2005. Y las 30 delegaciones rurales que aún deben balances de 2006. Y la Coordinación entre Municipios y Comunas, que dijo coparticipar, en 2005, $ 164 millones menos que los declarados por la Contaduría General de la provincia.
Contra la reciprocidad entre representantes y representados se planta el veto contra el 82% móvil para los jubilados transferidos, que insumiría apenas $ 35 millones anuales (el 1% del presupuesto general de la provincia). Veto dispuesto por el gobernador, que fijó en $ 9.000 mensuales su remuneración y la de sus ministros.
Contra la disminución de la inequidad social aparece el 10% de la población más rica ganando 31 veces más que el 10% más pobre.
Resta la ampliación de los derechos humanos, que trasciende la sola vigencia de las garantías fundamentales. En contra aparecen los embates contra la prensa independiente, en la forma de ataques verbales o de proyecto de multimedio oficial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, reconoce a la libertad de prensa como “esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información”.
La cuestión se vincula directamente con los orígenes de la argentinidad. El periodista Mariano Moreno, miembro de la Primera Junta, cuestionaba en “La Gazeta de Buenos Aires”, las prácticas de la Colonia: “Una política absurda y desastrada hizo concebir que para asegurar su dependencia era necesario mantenerla envilecida é ignorante, sofocar sus hijos toda aflicción social; alimentar su indiferencia hasta borrar de ellos el deseo de libertad, separarlos del concurso á la causa común, y en fin, hacer que fueran unos seres aislados sin patria, sin derechos, sin dignidad” (sic).
Hace casi dos siglos un argentino, por la prensa, advertía que sin dignidad no hay autodeterminación para los pueblos. No era una profecía. Era una maldición.
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