“Mi apoyatura a la continuidad de la gestión que encabeza José Alperovich no implica una obsecuencia incondicional, ni mucho menos dejar de lado mi mayor accionar político como legislador en estos tres años y medio, que consistió en controlar al Gobierno”, aseveró Carlos Canevaro.
El referente del partido Unión Norte Grande respondió así a las suspicacias surgidas en ámbitos tribunalicios sobre su doble rol de aliado del Poder Ejecutivo e impulsor de una acción declarativa de certeza para que se determine si son aplicables las cinco leyes sancionadas en marzo por la Legislatura y resistidas por el Gobierno, que no las promulgó ni las vetó. En su pronunciamiento, insistió en que las normas fueron erróneamente devueltas a la Cámara y deben ser puestas en vigencia.
“Pretensión jurídica”
El dirigente aseguró que en nada se entremezcla su demanda ante la Corte Suprema de Justicia (la primera que ingresó sobre este asunto) con la posición política adoptada con miras a los comicios del 26 de agosto. Agregó que el límite de su apoyo a Alperovich es que esté en riesgo la gobernabilidad de la provincia, en respeto al compromiso asumido con los electores cuando fue candidato por Fuerza Republicana (en 2003) y redoblado para las próximas elecciones.
“Mi escrito es una pretensión absolutamente jurídica en el marco del estado de derecho, alejada totalmente de cualquier connotación política, ya que el PE y la Legislatura son los únicos poderes políticos del sistema republicano”, aseguró el parlamentario. “Cuando esos dos poderes entran en conflicto, necesariamente el Poder Judicial debe intervenir para restablecer el equilibrio quebrantado. En tal sentido acudí a los tribunales, porque debe cesar el estado de incertidumbre imperante sobre el mecanismo de sanción y promulgación de leyes”, aseveró.
El referente del partido Unión Norte Grande respondió así a las suspicacias surgidas en ámbitos tribunalicios sobre su doble rol de aliado del Poder Ejecutivo e impulsor de una acción declarativa de certeza para que se determine si son aplicables las cinco leyes sancionadas en marzo por la Legislatura y resistidas por el Gobierno, que no las promulgó ni las vetó. En su pronunciamiento, insistió en que las normas fueron erróneamente devueltas a la Cámara y deben ser puestas en vigencia.
“Pretensión jurídica”
El dirigente aseguró que en nada se entremezcla su demanda ante la Corte Suprema de Justicia (la primera que ingresó sobre este asunto) con la posición política adoptada con miras a los comicios del 26 de agosto. Agregó que el límite de su apoyo a Alperovich es que esté en riesgo la gobernabilidad de la provincia, en respeto al compromiso asumido con los electores cuando fue candidato por Fuerza Republicana (en 2003) y redoblado para las próximas elecciones.
“Mi escrito es una pretensión absolutamente jurídica en el marco del estado de derecho, alejada totalmente de cualquier connotación política, ya que el PE y la Legislatura son los únicos poderes políticos del sistema republicano”, aseguró el parlamentario. “Cuando esos dos poderes entran en conflicto, necesariamente el Poder Judicial debe intervenir para restablecer el equilibrio quebrantado. En tal sentido acudí a los tribunales, porque debe cesar el estado de incertidumbre imperante sobre el mecanismo de sanción y promulgación de leyes”, aseveró.







