Por Redacción Política
22 Mayo 2007
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Durante esta semana, el titular del juzgado federal Nº 1, Jorge Parache, podría resolver la situación procesal de Antonio Bussi, Mario Albino Zimmerman, Luciano Benjamín Menéndez y Alberto Cattáneo en la investigación sobre la existencia de un campo clandestino de detención y exterminio de personas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, en los años 70.
En este proceso se aplica el principio de conexidad, razón por la que la declaración indagatoria prestada por los imputados abarca más de 60 casos, a los que podrían sumarse otras denuncias más por parte de los querellantes y de la Fiscalía Federal. En total, por ese lugar habrín pasado miles de personas del NOA, de las cuales más de 150 habrían sido asesinadas, según denuncias de los organismos de derechos humanos.
El trabajo interno en el juzgado federal (la Secretaría de Derechos Humanos está a cargo de Norberto Véliz) es intenso. El objetivo es tener listo el pronunciamiento sobre la prisión preventiva solicitada por el fiscal federal Emilio Ferrer hasta el jueves (el viernes es feriado).
Al apuro ordinario se suma el hecho de que Parache dejará de ser juez el último día hábil de este mes. En esta investigación se analiza, por primera vez, la posibilidad de un procesamiento por el delito de genocidio.
Continúan las citaciones
Mientras se define el futuro procesal de los máximos jefes militares, se mantienen firmes las fechas de nuevas audiencias indagatorias. Sin embargo, algunos imputados no están concurriendo, razón por la que podrían ser llevados por la fuerza pública ante Parache. Para ello, no obstante, todavía falta cumplir algunos pasos previos.
Ayer, por ejemplo, no asistió a la convocatoria Carlos Lafuente, y en el juzgado buscan determinar si había sido correctamente notificado. En el caso del gendarme Celso Barraza, que justificó su ausencia con el certificado de un psicólogo particular, según el cual no estaba en condiciones de declarar, Parache solicitó a la Justicia Federal de Posadas (Misiones) que un médico forense lo revise y constate su estado de salud.
En este proceso se aplica el principio de conexidad, razón por la que la declaración indagatoria prestada por los imputados abarca más de 60 casos, a los que podrían sumarse otras denuncias más por parte de los querellantes y de la Fiscalía Federal. En total, por ese lugar habrín pasado miles de personas del NOA, de las cuales más de 150 habrían sido asesinadas, según denuncias de los organismos de derechos humanos.
El trabajo interno en el juzgado federal (la Secretaría de Derechos Humanos está a cargo de Norberto Véliz) es intenso. El objetivo es tener listo el pronunciamiento sobre la prisión preventiva solicitada por el fiscal federal Emilio Ferrer hasta el jueves (el viernes es feriado).
Al apuro ordinario se suma el hecho de que Parache dejará de ser juez el último día hábil de este mes. En esta investigación se analiza, por primera vez, la posibilidad de un procesamiento por el delito de genocidio.
Continúan las citaciones
Mientras se define el futuro procesal de los máximos jefes militares, se mantienen firmes las fechas de nuevas audiencias indagatorias. Sin embargo, algunos imputados no están concurriendo, razón por la que podrían ser llevados por la fuerza pública ante Parache. Para ello, no obstante, todavía falta cumplir algunos pasos previos.
Ayer, por ejemplo, no asistió a la convocatoria Carlos Lafuente, y en el juzgado buscan determinar si había sido correctamente notificado. En el caso del gendarme Celso Barraza, que justificó su ausencia con el certificado de un psicólogo particular, según el cual no estaba en condiciones de declarar, Parache solicitó a la Justicia Federal de Posadas (Misiones) que un médico forense lo revise y constate su estado de salud.
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