Preocupa la situación de los geriátricos

Desde tiempos remotos, los ancianos fueron reverenciados por algunas sociedades. Por ejemplo, integraban el Sanedrín, que era el consejo supremo de los judíos, en el que se trataban y se decidían los asuntos religiosos y del Estado. En la antigua Grecia desempeñaban un papel muy importante en el gobierno. En la actualidad, en una buena parte de los países desarrollados, los adultos mayores gozan de muchos beneficios sociales gratuitos y de una atención especial, y perciben haberes que les permiten vivir con dignidad sus últimos años. No sucede lo mismo en la Argentina. Llegar a viejo, salvo que se tenga una jubilación de privilegio, significa ingresar en la desdicha y a la ingratitud, porque los miserables dineros que cobra mensualmente la mayoría de nuestros mayores están más próximos a la humillación que al reconocimiento por haber entregado su esfuerzo al país. En lugar de aprovechar la experiencia acumulada a lo largo de la vida, quienes se jubilan no son, por lo general, recontratados por las instituciones estatales y las privadas. Si se enferman o si sus familias no pueden tenerlos consigo en el hogar -por cualquier motivo, sea razonable o no- terminan sus días en un geriátrico, pero son pocos los que tienen acceso a ellos, especialmente en Tucumán.
En menos de dos semanas, la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Siprosa clausuró dos geriátricos porque no cumplían con los requisitos de la reciente ley provincial 7.487que rige esta actividad. El instrumento legal dispone que los establecimientos de gestión pública o privada que se dediquen al cuidado y atención de personas mayores, llevarán la denominación de residencia geriátrica, ya se trate de hospedajes transitorios o permanentes. Además, deberán ser habilitados por el Ministerio de Salud Pública a través del Departamento de Fiscalización de Servicios de Salud de la Dirección General de Fiscalización Sanitaria del Siprosa.
Este control desnudó la preocupante realidad que viven muchos de nuestros mayores. Aunque no existen cifras oficiales, una especialista en Gerontología, estimó que sólo en la capital funcionarían más de 40 establecimientos de esta índole, de los cuales sólo cuatro están autorizados. Según un informe de Defensa Civil municipal de los diez geriátricos habilitados que funcionaban hasta el año pasado, seis no cumplían con las normas de seguridad. Es decir que antes de la reglamentación de la ley 7.487 había un vacío legal en esta materia que favorecía la situación irregular de estas instituciones.
Según una especialista consultada por nuestro diario, la problemática de los geriátricos tiene una raíz socioeconómica. La gente no tiene poder adquisitivo para pagar un establecimiento de estas características. Ella sostiene que tendrían que diseñarse y llevarse a cabo políticas referidas a la problemática de la vejez en estas instituciones para que se contemplen hasta subvenciones. Señaló que en Buenos Aires, un establecimiento de buen nivel hasta hace poco cobraba entre $ 3.000 y $ 4.000 por mes, a cada anciano, pero en Tucumán poca gente puede asumir esa erogación.
Es, por cierto, un problema social delicado en el cual el Estado no debe limitarse únicamente a su rol de contralor. Se trata de una realidad que atraviesan muchos de nuestros mayores que han entregado su esfuerzo a lo largo de las décadas para construir una sociedad mejor y merecen vivir la última etapa de la vida con dignidad. Se suele decir a menudo que los niños y los ancianos son los únicos privilegiados. Sería bueno que así lo entendiera toda la sociedad.