Indagan si hubo irregularidades con compras de bonos para litigar

La prescripción de una deuda millonaria en favor del Estado -informada pero aún no oficializada- en el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys) ha generado polémica y se torna cada vez más compleja.
Como se recordará, el interventor de esa repartición, Angel Adrián Cúneo Vergés, está denunciado por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos. La causa que tiene como base un expediente en el cual el Departamento de Gestión y Mora, y el Departamento Jurídico informan que la deuda de usuarios con la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos), por $ 53 millones, está prescripta.
Tal como LA GACETA dio a conocer el lunes pasado, en ese expediente consta que el jefe del sector Jurídico, Juan Alberto Caligari, informa que los plazos para reclamar ese pasivo están vencidos porque el ente autárquico no proveyó los bonos profesionales para iniciar demandas a los morosos o para continuar las que ya estaban entabladas.
Ahora las cosas se complicaron más: acaba de trascender que en contra de Caligari pesa una querella desde 2006, iniciada por gremialistas del sector sanitarista, que denunciaron al abogado, justamente, por supuestas irregularidades en la compra -nada menos- de bonos profesionales.

El planteo
Los sindicalistas Walter Fabián Delgado y Marcelo Ruiz Huidobro, con patrocinio de la abogada Mariel Lily Vincent, iniciaron el año pasado una querella por la presunta comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario contra Caligari. La causa recayó en la Fiscalía de Instrucción de la X Nominación, a cargo de Guillermo Herrera.
Los denunciantes consignan que el 13 de octubre de 1997 Caligari habría solicitado, mediante el expediente 4903/C/97, la compra de 500 juegos de bonos profesionales por $ 7.500. La resolución 1.172 aprueba la compra y ordena la emisión de órdenes de pago por $ 3.500 al Colegio de Abogados, y por $ 4.000 a la Caja de Abogados y Procuradores de Tucumán. Luego, se libraron los cheques correspondientes. Pero, de acuerdo con el texto de la denuncia al que tuvo acceso este diario, Delgado y Ruiz Huidobro sostienen que Caligari no habría entregado esos valores a las instituciones mencionadas, sino que habría adquirido las planchas de bonos profesionales a una firma privada, por los que habría obtenido (siempre según los denunciantes) una diferencia en su favor.

Reactivación
La causa en contra de Caligari por supuestas irregularidades en la compra de bonos profesionales se reactivó, aparentemente, a partir de que LA GACETA hizo pública la prescripción de la millonaria deuda.
La Fiscalía X solicitó al Sepapys que le remita copia certificada de la resolución que autoriza la compra de los bonos profesionales denunciada, así como una serie de expedientes vinculados y la lista de los casos justiciables durante 1998, con detalle de los montos cobrados y de los honorarios profesionales pagados.
A la vez, se libró oficio a la Caja Previsional de Abogados y de Procuradores, para que informe sobre el detalle de los juicios en los que intervino Caligari.


En la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación, a cargo de Carlos Albaca, se amplió la denuncia por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos en contra del interventor del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), Angel Adrián Cúneo Vergés.
Según pudo averiguar LA GACETA, se presentaron copias de las que serían las planillas donde constan los planes de pago de las cuentas con demanda judicial a cargo de cuatro abogados. Entre ellas, los supuestos registros que presuntamente corresponderían a Juan Alberto Caligari, titular del departamento Jurídico del Sepapys.
La base de esa denuncia es un expediente en que ese letrado consignó que prescribió una deuda por $ 53 millones de usuarios con la ex Dipos, porque el Sepapys no proveyó de los bonos profesionales para tramitar el cobro por vía judicial. Ese argumento fue desmentido (en el mismo expediente) por la división de Contabilidad del ente.