La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la prisión preventiva de Antonio Bussi, al ratificar un fallo dictado en 2003 por el juez federal Jorge Parache. El máximo tribunal confirmó, de este modo, tanto la detención del ex gobernador como la declaración de invalidez, nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el caso por el secuestro y desaparición del senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay (con un voto fundamentado por separado), quienes avalaron a Parache en su decisión de rechazar in límine un recurso interpuesto por la defensa de Bussi. El juez federal de Tucumán se pronunció en ese sentido ya que el recurso ordinario de apelación ante la Corte fue interpuesto basado en el artículo 5 de la ley 23.521 (Obediencia Debida), la que ya había sido derogada al momento de efectuar el planteo. Al no estar vigente, no podía servir de fundamento para presentación alguna, según el criterio del magistrado. Bussi recurrió en queja ante el máximo tribunal, que también se pronunció en su contra. Tampoco se habilitó el recurso extraordinario federal.
"La queja deducida por denegación del recurso ordinario interpuesto contra la decisión del juez es inadmisible, puesto que el reclamo se asienta en una vía de impugnación que, al momento de su interposición, se encontraba derogada. Esta Corte ya declaró la validez constitucional de la ley 25.779, por medio de la cual el Congreso había declarado insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, de modo que cualquier presentación como la planteada carece de todo sustento legal", afirmaron los magistrados supremos.
Los jueces de la Corte sostuvieron también que Bussi no alegó ni demostró que las vías ordinarias recursivas previstas en el Código Procesal Penal de la Nación hayan sido ineficaces, como para intentar un recurso extraordinario.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay (con un voto fundamentado por separado), quienes avalaron a Parache en su decisión de rechazar in límine un recurso interpuesto por la defensa de Bussi. El juez federal de Tucumán se pronunció en ese sentido ya que el recurso ordinario de apelación ante la Corte fue interpuesto basado en el artículo 5 de la ley 23.521 (Obediencia Debida), la que ya había sido derogada al momento de efectuar el planteo. Al no estar vigente, no podía servir de fundamento para presentación alguna, según el criterio del magistrado. Bussi recurrió en queja ante el máximo tribunal, que también se pronunció en su contra. Tampoco se habilitó el recurso extraordinario federal.
"La queja deducida por denegación del recurso ordinario interpuesto contra la decisión del juez es inadmisible, puesto que el reclamo se asienta en una vía de impugnación que, al momento de su interposición, se encontraba derogada. Esta Corte ya declaró la validez constitucional de la ley 25.779, por medio de la cual el Congreso había declarado insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, de modo que cualquier presentación como la planteada carece de todo sustento legal", afirmaron los magistrados supremos.
Los jueces de la Corte sostuvieron también que Bussi no alegó ni demostró que las vías ordinarias recursivas previstas en el Código Procesal Penal de la Nación hayan sido ineficaces, como para intentar un recurso extraordinario.







