Denuncia ineludible del Indec

Tras un prolongado debate público sobre evidencias en torno de la manipulación de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas ha solicitado de la Justicia su intervención y a la ministra de Economía, Felisa Miceli, que instruya las actuaciones administrativas disciplinarias correspondientes. En el extenso informe, el titular de la Fiscalía, Manuel Garrido, denuncia la intervención del Gobierno nacional en el Indec y pide que su ejecutor, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sea separado de inmediato del cargo, por ser el autor de un plan de alteración de los índices de precios al consumidor, con el fin de “acomodar los números a las necesidades políticas”, así como de “engañar a los destinatarios de esa información pública”. El fiscal también solicita la separación de la funcionaria a cargo del índice de precios al consumidor, Beatriz Paglieri, designada por Moreno y colaboradora en la tarea denunciada. El informe de 93 carillas recoge una vasta cantidad de testimonios y solicita al juez Rodolfo Canicoba Corral y al fiscal Carlos Stornelli, que ya investigaban al secretario de Comercio Interior por presunta violación del secreto estadístico, que lo citen a declarar como acusado.
En cuanto al fiscal Stornelli, cabe consignar que mientras tomaba estado público el informe de la Fiscalía, se conoció su adhesión al candidato oficialista para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Este anuncio formó parte de las declaraciones del jefe del Gabinete, Alberto Fernández, sobre la separación del Gobierno de dos funcionarios comprometidos en el caso de la constructora sueca Skanska.
La figura de falsedad de documento público es la que se asigna a Moreno por su “manipulación burda y arbitraria”, que, a tenor de ese informe de la Fiscalía Nacional, durante 2006 el secretario de Comercio Interior no habría podido consumar, por lo que pidió el nombramiento de Paglieri para acceder al secreto estadístico que rige en el Indec. Este consiste en la prohibición absoluta de identificar a los encuestados, cuyos informes constituyen las raíces del periódico índice de precios al consumidor. Unos 30 funcionarios del Indec testimoniaron, según la Fiscalía, señalando que Moreno obtenía así la lista de comercios a los que posteriormente visitaba para presionar de distintas maneras, provocando “violencia laboral institucional” que era resistida públicamente por los encuestadores.
Es obvio que el objetivo de esa gran operación oficial a cargo del funcionario en cuestión y sus colaboradores, tenía por finalidad disimular los índices de inflación. Pero el perjuicio a la larga ha  sido considerablemente mayor, pues afectó la buena fe puesta en el coeficiente CER y, en consecuencia, la confianza en los bonos del Estado. Debe destacarse el comportamiento ejemplar del grueso del personal del Indec que resistió durante todo ese tiempo los intentos de manipulación, a la vez que formulaba denuncias públicas, seguramente empleados y técnicos orgullosos de que esa institución del Estado hubiera alcanzado en años el prestigio de que gozaba no sólo en el país, a pesar de todas las dificultades políticas, sino en el exterior.
Más allá de lo que la etapa clarificadora de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas logre, lo esencial será que la experiencia sirva para que el Indec sea un organismo autónomo y libre del largo brazo de los funcionarios políticos.