En tiempos políticos, los actores de la sociedad deben potenciar el sentido de la responsabilidad, con el fin de evitar males que luego se convierten en estructurales.El poder de la fuerza o la fuerza del poder. A estas alturas del año, muchos referentes del sector privado repiten este adagio cuando tienen que hablar de las implicancias de las decisiones oficiales sobre el arco empresarial. Por supuesto que públicamente son muy cuidadosos de no herir las susceptibilidades de la Casa de Gobierno; pero, en privado, es otro el humor que tienen y que exteriorizan.
Por caso, vale la pena citar la situación del ingenio San Juan, clausurado preventivamente por violar las leyes ambientales. En su paso por Tucumán, la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, advirtió que otras industrias tucumanas sufrirán las mismas consecuencias si no cumplen con el plan de producción limpia. En los pasillos del edificio de 25 de Mayo y San Martín se conjetura que dos plantas industriales podrían seguir la misma suerte del San Juan. El gobernador José Alperovich había adelantado la decisión nacional a los industriales azucareros que se congregaron, cena mediante, en las instalaciones del ex ingenio San Pablo.
Varios de los industriales presentes interpretaron que las palabras de Alperovich sonaban como tarjeta amarilla para que el sector cumpla las normas ambientales.
En ese mismo ámbito hay otra preocupación subyacente: la deuda determinada por la Dirección General de Rentas que cada una de las fábricas azucareras acumula por impuestos impagos. El régimen de facilidades de pagos, próximo a lanzarse, alimentó un viejo reclamo del Gobierno a este factor de la producción: el cobro de una deuda global de los ingenios que, según algunas estimaciones oficiales, supera los $ 30 millones.
Esta situación motivó una serie de encuentros entre empresarios y funcionarios de Rentas, con el fin de establecer cuáles fueron los parámetros para determinar una deuda histórica de los ingenios.
Siga, siga...
Pero la deuda no es lo único que preocupa al empresariado. El anuncio oficial de incrementar un 30% los salarios de los estatales fue un hecho político poco oportuno porque, según el razonamiento privado, marca la cancha en la discusión salarial del sector privado. Varias actividades no cerraron las negociaciones que, hasta ahora, se efectúan sobre la base del techo establecido por la Casa Rosada: una suba no mayor al 16,5%. “Al Estado, ese aumento de sueldos le puede significar un gasto extra de $ 104 millones al año; al sector privado, en cambio, le puede costar el patrimonio”, razonó un dirigente empresarial al leer LA GACETA. Incluso hay otros que se quejan de que el Gobierno (nacional, en particular) les da ley de ventaja a las protestas, convirtiéndose en un verdadero acto de presión sindical contra el arco productivo.
Frente a este escenario, alimentado por un año electoral, lo que debe primar es el sentido de responsabilidad de los actores sociales. Más vale encontrar en conjunto soluciones que en el corto plazo pueden resultar traumáticas, que lamentar situaciones que pueden convertirse en problemas socioeconómicos estructurales, como la desocupación, el cierre de una fábrica o el déficit fiscal, según sea el trabajador, el empresario o el Estado.
