Racedo volvió a citar al ministro Paz

Mario Racedo, a cargo del juzgado federal Nº 2, volvió a citar al ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, para que declare como imputado por presunta evasión fiscal por su actividad privada como productor de papa. La audiencia fue fijada para el lunes 28.
Al funcionario lo habían convocado para ayer, pero sus abogados (Guillermo Jaureguiberry y José Antonio Sarmiento) pidieron la suspensión de la audiencia y, para ello, invocaron la Ley 25.401 (de Presupuesto de 2001). Sin haberlo desestimado, Racedo resolvió que iba a tener presente lo planteado para su oportunidad y, mientras tanto, llamó nuevamente a Paz.
La defensa había solicitado la aplicación del artículo 73 de la Ley 25.401. Esta norma, reglamentada por el decreto 1.287 (de 2001), establecía -entre otras cosas- que, frente a una denuncia formulada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Ministerio Público Fiscal debía desistir de toda actuación penal si el contribuyente se había presentado espontáneamente a regularizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o previsionales.
Los letrados argumentaron que, antes de la denuncia de la AFIP, su cliente se había acogido al plan RAFA -de asistencia financiera ampliado- por la deuda correspondiente al período fiscal 2.002 del Impuesto a las Ganancias. Aunque la Ley 25.041 fue parcialmente derogada el 9 de diciembre de 2002, los abogados aseveraron: “no puede dudarse que tal norma debe aplicarse -y en su totalidad- en virtud del principio de ultractividad de la ley penal más benigna, y en consonancia con la interpretación efectuada, que es más beneficiosa para los intereses del imputado”.
Para dar más fuerza a su posición, la defensa recordó el criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Bakchellián”, en setiembre de 2004.

Monto mínimo
Racedo citó a Paz a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Brito. Según este, la diferencia entre lo que Paz declaró que debía al fisco y lo que realmente habría adeudado asciende a $105.000 (el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria 24.769 exige que el monto presuntamente evadido exceda los $100.000 para que proceda una eventual condena). El cálculo -correspondiente al Impuesto a las Ganancias por el período 2002- fue efectuado a partir de una inspección previa de la AFIP.