Bussi negó ser responsable de centros clandestinos

Los militares retirados Antonio Domingo Bussi y Mario Albino Zimmerman negaron su responsabilidad con respecto a la existencia de un campo clandestino de detención y de exterminio en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, durante la década del 70, por donde habrían pasado miles de personas.
Ambos se encuentran detenidos en ese mismo lugar, imputados de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad y de genocidio por secuestros, desapariciones y asesinatos de militantes políticos. Según cálculos de organismos de derechos humanos, más de 150 personas fueron ultimadas en el predio. Incluso, la Justicia Federal tiene cercada una zona para determinar si hay tumbas colectivas.
Las preguntas giraron sobre todos estos casos, a partir del principio de conexidad de causas por centros de detención, tomando como eje la desaparición de Julio César Campopiano, ocurrida el 22 de octubre de 1976, cuando él tenía 18 años. Este paso no implica la acumulación formal de los expedientes.
Las declaraciones ante el juez federal Jorge Parache habían despertado la atención de los organismos, ante la posibilidad de que pudiera avanzarse en el esclarecimiento de cientos de denuncias sobre el ex arsenal. Sin embargo, en el interrogatorio realizado el miércoles, sólo se produjo el rechazo de todos y cada uno de los hechos imputados, sin abundar en detalles.

Contrastes
A diferencia de otras audiencias realizadas, en esta oportunidad ni Bussi ni Zimmerman efectuaron alegato político alguno, según trascendió extraoficialmente desde los tribunales federales. Tampoco se habría repetido la estrategia de desconocer la facultad de Parache para juzgarlos. Como se recordará, antes sólo reconocían a la Justicia Militar como competente. Este pronunciamiento fue concretado por Luciano Benjamín Menéndez.
Durante la próxima semana, Parache resolvería la situación procesal de los indagados: Bussi, Zimmerman, Menéndez y Luis Alberto Cattáneo (integrantes de la primera línea de responsabilidades durante parte del Operativo Independencia). Este sería uno de los últimos actos de trascendencia del juez federal en las causas por derechos humanos, ya que su jubilación del cargo se hará efectiva a partir de fin de mes, lo que genera preocupación en algunos querellantes.
Ayer, Parache (en la secretaría especial a cargo de Norberto Véliz) indagó al militar (r) Benito Palomo, imputado por la presunta comisión de torturas. Para la próxima semana están citados para ser interrogados Carlos Lafuente (el lunes) y Ernesto Rivero (el jueves). Todos se encuentran vinculados al ex arsenal Miguel de Azcuénaga.