El ministro Paz, que hoy tenía que declarar como imputado, solicitó la suspensión de la audiencia

"No sé de qué se trata; primero debo hablar con mis abogados". Esto aseguró ayer a la mañana el ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz cuando LA GACETA le preguntó si hoy se iba a presentar a declarar como imputado por presunta evasión fiscal ante Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2. Luego, LA GACETA constató que, por medio del abogado Guillermo Jaureguiberry, había pedido la suspensión de la audiencia, que hoy no se concretará.
Racedo hizo lugar al requerimiento del fiscal Carlos Brito (Nº 2) según el cual, en la declaración jurada original del impuesto a las Ganancias (período 2002) correspondiente a su actividad privada como productor papero, Paz habría hecho constar gastos sin documentación respaldatoria, lo que le habría permitido reducir la magnitud del tributo. La diferencia entre lo que Paz declaró deber al fisco y lo que habría debido asciende a $84.300, según el cálculo de Brito, que se basó en una inspección previa de la AFIP.

Doble desestimación
Además, Paz afronta otra denuncia penal por presunta defraudación contra el Estado nacional. Como consecuencia de una investigación preliminar, en agosto de 2005, el fiscal federal Emilio Ferrer (Nº 1) requirió al entonces juez Felipe Terán que citara a declarar al funcionario por un crédito que la Nación le había concedido en 1994, en el marco del proyecto "Propagación y cuarentena de especies frutihortícolas". Según Ferrer, Paz había recurrido a su condición de ministro para obstaculizar y paralizar los trámites sobre la cobranza del préstamo.
No obstante, en setiembre de 2005, Terán concluyó que Paz no podía obstaculizar un expediente que se tramitaba en una Secretaría ajena a la órbita de su Ministerio. Con estos fundamentos, ordenó el archivo de las actuaciones.
El fiscal federal general, Gustavo Gómez, recurrió la resolución de Terán, pero el 24 de agosto de 2006 la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán la confirmó.
En un fallo dividido, prevaleció la postura de los vocales Marina Cossio de Mercau, Graciela Fernández Vecino y Ricardo Sanjuán. "Sólo se encuentra acreditado que Paz ejercía una función pública en el mismo poder del que depende la Secretaría (de Innovación y Desarrollo Tecnológico), en la que se tramita la investigación del cobro del crédito a él otorgado", argumentó Fernández Vecino.
En su voto, la vocal aclaró que "la función pública no supone, por sí sola, un instrumento idóneo para ejecutar una acción defraudatoria". Luego, destacó: "no habiéndose demostrado cómo, cuándo ni en qué contexto Paz, desde la función que ejerce, obstaculizó la tramitación de la investigación administrativa que lo involucra, ni que los medios empleados hayan producido un perjuicio a la administración pública, corresponde, por ahora, en virtud de los principios procesales de verificación o carga de la prueba, inocencia y de defensa, confirmar la sentencia apelada en todos sus términos".
En minoría, los vocales Ernesto Wayar y Raúl David Mender ponderaron que debía ser revocada la sentencia de Terán y que Paz debía ser citado como imputado.
El fiscal Gómez volvió a atacar la nueva desestimación y dedujo un recurso de casación, que fue habilitado por la Cámara Federal de Apelaciones. Como consecuencia, la cuestión fue girada a la Cámara Nacional de Casación Penal, que aún no resolvió el asunto.