Habrían pagado combustible para una camioneta sin motor

El Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys) habría adquirido 1.200 litros de combustible para el funcionamiento bimestral de una camioneta que no tendría motor.
La información se desprende de un memorándum de la Policía de Tucumán en el que se da cuenta de los allanamientos realizados ayer en dos dependencias del ente autárquico.
La medida correspondió a una ampliación de la denuncia en contra del interventor del organismo, Angel Adrián Cúneo Vergés, acusado de la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos, por la presunta prescripción de una deuda de $ 53 millones de usuarios de la ex Dirección Provincial de Obras Públicos (Dipos). A ese expediente se sumó un planteo por presuntas irregularidades en la compra de 4.830 litros de combustible, durante un bimestre, para dos camionetas (una, modelo 82; la otra, modelo 94), cuatro grupos electrógenos, una bordeadora y una retroexcavadora. Según la denuncia, esas máquinas estaban sin uso, descompuestas o desmanteladas.
A las 13, allanaron un predio del Sepapys en Banda del Río Salí. Allí encontraron, bajo un tinglado, la que según las fuentes policiales sería una de las camionetas, identificada por las fuerzas de seguridad como “TUC 2.500”, sin chapa patente, y que, según los registros, tienen el dominio T 145851. “La camioneta color gris, que sería TUC 2.500, se encuentra sin motor”, dice el informe oficial.
De acuerdo con una planilla del Sepapys que da cuenta del “Consumo estimado de combustible de las unidades de la repartición”, sobre la que se funda la ampliación de denuncia, esa unidad figura con un consumo bimestral de 1.200 litros de combustible. Si, hipotéticamente, tuviera un consumo de un litro cada 10 kilómetros, con la cantidad asignada podrían realizarse, con ese vehículo (si tuviera motor y estuviera en buenas condiciones), cinco viajes (ida y vuelta) a la Capital Federal.

Expediente secuestrado
Antes de concretar ese operativo, la Policía allanó -a las 12.15- las oficinas del Sepapys de San Miguel de Tucumán, en Catamarca y avenida Sarmiento. En esa oportunidad, Cúneo Vergés entregó de manera voluntaria un expediente en el que se detallan los vehículos de la repartición. Según el parte policial, el interventor manifestó que, conforme al decreto 15/3 del Ministerio de Economía, de enero de 2003, cada unidad tiene un cupo de 750 litros de combustible por mes.
LA GACETA intentó consultar a Cúneo Vergés sobre los allanamientos. A las 20.30, el funcionario manifestó a este diario que estaba en una reunión y pidió que se lo llamara media horas después. Luego de ese lapso ya no atendió a este medio.
Las medidas fueron solicitadas por el fiscal de Instrucción de la II Nominación, Carlos Albaca, y dispuestas por el juez de Instrucción de la III Nominación, Juan Francisco Pisa. Los operativos fueron comandados por el subcomisario Héctor Raúl Vera, jefe de la sección Defraudaciones y Estafas, bajo la supervisión de los comisarios René Antonio Aguirre y Raúl Ferreira, respectivamente, director y subdirector de Investigaciones.


“Cuando el gobernador advierte que van a presentarse denuncias en su contra en los próximos 90 días, y las impugna de antemano porque dice que se trata de la etapa previa a los comicios de agosto, pareciera estar pidiendo tres meses de impunidad”. Así se inició el diálogo del diputado Esteban Jerez (Ciudadanos Contra la Corrupción) y el titular de la convención de la UCR, Ariel García con LA GACETA. “(José) Alperovich, además, parece tener amnesia. Hace ocho años que vengo denunciando los incontables hechos de (presunta) corrupción en los que ha estado (supuestamente) involucrado”, puntualizó el parlamentario.
Los dirigentes cuestionaron, también, la decisión del oficialismo de la Comisión de Juicio Político, que archivó sin trámite el pedido de juicio político que habían impulsado contra el fiscal Guillermo Herrera, por el archivo de la causa por presunto incumplimiento de deberes del secretario de Coordinación de Municipios y Comunas, Sergio Mansilla. La investigación sobre la mora de las delegaciones rurales en presentar sus balances fue reabierta por orden del ministro fiscal, Luis de Mitri.
“Impidieron que Herrera hiciera un descargo y explicara sus motivos. Lo cubrieron con un manto de dudas, lo que le hace un flaco favor. Y, para peor, se limitaron a acatar la orden que la semana pasada les había dado el gobernador”, coincidieron los opositores.


La causa por presunta violación de los deberes de funcionario público promovida contra el secretario coordinador de Municipios y Comunas, Sergio Mansilla, busca un fiscal. El expediente fue abierto por la denuncia del vecino de El Chañar, Ramón Ablanedo. El sostiene que el funcionario no habría actuado para frenar las supuestas irregularidades en la contratación de personal en esa comuna (fue intervenida en enero por esa causa). La investigación estuvo originalmente a cargo del fiscal Guillermo Herrera, pero él se inhibió de continuar la instrucción, durante la semana pasada, cuando se presentó un pedido de juicio político en su contra. (Ver “El gobernador...”). El expediente pasó entonces a la Fiscalía I, pero el abogado Gustavo Morales (patrocina a Ablanedo) consignó a LA GACETA que ese despacho rechazó la inhibición de Herrera y elevó las actuaciones al fiscal de Cámara, Carlos Castellanos, para que determine quien debe investigar.