La calidad institucional no figura en la agenda

En tiempos de comicios los intereses políticos excluyen del debate temas como el de la calidad institucional. Lo prioritario es captar votos atacando o defendiendo al Gobierno.

En cualquier época electoral -como la actual- el enfrentamiento político se reduce a una pelea entre la defensa de la gestión (oficialistas) y el cuestionamiento (oposición), y en ambos casos con el mismo fin: captar votos. Pero hay un tema que no aparece nunca en el debate y es porque aún no cobró relevancia entre los gobernantes y los gobernados: la calidad institucional, algo que cuanto más se respete beneficiará a todos, oficialistas, opositores, gobernantes y gobernados. ¿Cuál es el valor de ese concepto en democracia?, ¿qué significa?, ¿por qué no figura en las plataformas electorales? Lo único claro es que el concepto tiene dos ingredientes; las instituciones y los hombres.
Si la calidad institucional es deficiente -ejemplos: comisionados rurales que van presos porque no cumplen sus funciones, gobernadores que dicen manejar y manejan la Legislatura, el sistema de selección de jueces con preeminencia de un poder, organismos de control debilitados y las políticas clientelares basadas en la existencia de un mercado de pobres-, ¿qué falla para que juzguemos que el sistema no ofrece calidad institucional? Si entendemos que este concepto engloba el respeto por la independencia de los poderes y pasa, entre otras cosas, por garantizar la libertad de expresión, por someterse a los controles del sistema y por garantizar la transparencia en la función pública, deduciremos que la dirigencia política ocupa un papel central a la hora de las faltas.
Las instituciones son las mismas para distintas calidades de hombres, para los que las manejan temporalmente y para los que se someten a su funcionamiento. Los de arriba deberían servirlas y los de abajo servirse de ellas; pero he aquí el principal inconveniente ya que, paradójicamente, en muchos casos, los primeros las aprovechan y los segundos las sufren. De esa forma se afecta la calidad institucional, por la escasa calidad humana para comprometerse con las instituciones, y no es un mero juego de palabras.
En los tiempos fundacionales se entiendía que el hombre se preocupara por establecer reglas claras y firmes para que determinaran pautas de convivencia, leyes que ordenearan la vida y entidades que gobernaran en un marco de absoluta transparencia y democracia; para que todos los seres fueran iguales ante la ley, sin privilegios de casta o de riquezas. Antes había un convencimiento casi patriótico sobre los valores que debían ser permanentes para constituir una Nación. Hoy la Nación está, sobrevive, el país anda; pero los que llegan a la conducción de las instituciones no parecen pensar en ellas como herramientas para mejorar el bienestar general, sino como vehículos para mejorar la calidad de vida personal (ejemplos: en su momento, por la situación social, los sublemas eran observados como un camino para conchabarse en un cargo público y salvarse por cuatro años; hoy, el acople electoral reemplaza a ese sistema que no benefició la calidad institucional porque degradaba las representación popular). Eso se logra básicamente con la perpetuidad en los puestos de las decisiones, en el manejo de los organismos claves, en la disponibilidad de los recursos del Estado para doblegar voluntades y en atreverse a hablar de calidad institucional cuando realmente existe un usufructo de las instituciones para las ambiciones individuales. Así es como hoy se habla de leyes hechas a medida, de reformas hechas a conveniencia, de sistemas electorales pergeñados para unos cuantos, todo ello dirigido a mejorar la vida de los que las conduzcan o de presupuestos destinados a dar la llave de la distribución al que manda.
La esclavitud, abolida hace siglos, renació con fuerza aunque escondida tras la fachada de democracia. Hoy existe el clientelismo institucional en desmedro de la calidad institucional. Hemos vuelto a la Prehistoria, cuando todo se debía construir para felicidad de todos y no para beneficio de unos cuantos. Aún no hay conciencia colectiva de eso, porque la calidad institucional no es un concepto que se interprete como un valor de vida, sino como una idea vaga, propia de los discursos de aquellos a los que, precisamente, el descrédito los acosa. Si ellos la defienden, entonces hay que dudar.
Sin embargo, es necesario que el concepto baje a nivel de debate popular, de a poco, porque introducirlo a la fuerza será para beneficio de los que reniegan de este concepto. Sólo así los gobernantes estarán al servicio de las instituciones y las instituciones al servicio de los gobernados. Mucho hay que revertir, tal vez demasiado, pero advertirlo es un primer paso.