Documentan la deuda prescripta de la ex Dipos

La deuda de $ 53 millones de usuarios de la ex Dipos con la Provincia, que se habría dejado prescribir en el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), existe y está ampliamente documentada por ese mismo ente autárquico.
El gobernador José Alperovich, en sus declaraciones del pasado lunes, aparentemente confundió ese pasivo con la deuda de la ex Dipos que fue condonada a partir de la ley 6.787, promulgada el 24 de octubre de 1996. Se trata de cuestiones distintas.
Esa norma estableció, por un lado, que a esa fecha quedaban condonadas las deudas de usuarios por montos de hasta $ 1.200. Por cierto, no se benefició sólo a personas de escasos recursos, como dijo Alperovich, sino también a las de alto poder adquisitivo, según documentación del Sepapys.
Por otro lado, fijaba que quienes adeudaran más de $ 1.200 gozarían de una quita por esa suma, si en 30 días cancelaban, en un solo pago, el total del pasivo.
A partir de esta disposición, y de acuerdo con el expediente sobre el que se funda la denuncia por presunta defraudación contra el interventor del Sepapys, Angel Adrián Cúneo Vergés, el último informe sobre el estado de cuentas de la ex Dipos data de junio de 1997. Se trata de un cuadro que presenta las deudas de $ 1.201 en adelante. Es decir, ya no tiene en cuenta los montos inferiores porque los considera efectivamente condonados.
En ese documento se precisa que quedan 31.705 cuentas pendientes de pago, discriminadas por rangos (desde $ 1.201 hasta $ 1.500, desde $ 1.501 hasta 2.000, etcétera). De ellas surge una deuda de más de $ 95 millones. Pero a ese monto le descuentan $ 38 millones. Esa cifra se obtiene de multiplicar las 31.705 cuentas de deudores por los $ 1.200 que podría condonárseles si, como lo estableció la ley 6.787, se presentaban a cancelar el resto del pasivo hasta noviembre de 1996.
Restados esos $ 38 millones de la deuda, quedan "netos a cobrar", fuera de toda condonación, $ 57 millones. De ellos, como LA GACETA informó el lunes, el Departamento Jurídico del Sepapys informa que se gestiona el cobro de $ 4 millones por vía judicial, mientras que los plazos para reclamar los $ 53 millones restantes ya prescribieron.
Aducen que eso se debe a que el Sepapys no les proveyó los bonos profesionales para entablar las demandas o para continuar las ya iniciadas. Sin embargo, desde la División de Contabilidad se desmintió tal argumento y se puntualizó que no existen registros de que haya pedidos de bonos profesionales por parte de los abogados del ente que estuvieran pendientes de respuesta.
De acuerdo con el expediente mencionado, en el propio Sepapys la deuda de la ex Dipos figura no sólo por $ 57 millones, sino por más del doble de esa cifra. Un informe de febrero de 2006 de la División de Contabilidad informa que el pasivo asciende a $ 133 millones. Es decir, no registra ni la condonación de deudas inferiores a $ 1.200 ni la quita de ese importe a deudas superiores a $ 1.200 ni la prescripción de los $ 53 millones, informados por el Departamento Jurídico.
Esto se debería, concretamente, a que la intervención no habría dictado las correspondientes resoluciones, ordenando la modificación del importe de la deuda. Cuando se ordena que se den de baja importes de un pasivo en la administración pública, debe documentarse la medida, la cual es controlada por auditores internos y, eventualmente, por el propio Tribunal de Cuentas.
En el caso de la deuda de la ex Dipos, no sólo la División de Contabilidad sino también el Departamento Administrativo puso reparos sobre el informe que la consigna en $ 95 millones. En primer lugar, advierten que aunque la estadística es atribuida a Censys (la firma que llevaba el control mecanizado de la deuda hasta que Dipos fue disuelto), no hay en él firmas ni de responsables de esa empresa ni de autoridades del Sepapys.
Luego, cuestionan que se haya aplicado de manera automática una quita de $ 1.200 a cada cuenta impaga por deudas superiores a ese monto. Advierten que, para acceder a ese beneficio, cada moroso debía cancelar el resto de su pasivo. Y no cuentan con la documentación de esos trámites ni tampoco con los instrumentos de condonación de las deudas inferiores a $ 1.200, que sí eran declaradas caducas de inmediato.
Por ello, en el Sepapys se sigue informando la deuda de la ex Dipos por $ 133 millones.

Todas las cifras
$ 95 millones es el pasivo de la ex Dipos por deudas superiores a $ 1.200.

$ 38 millones figuran condonados de ese total, por aplicación de la ley 6.787.

$ 4 millones de la deuda neta que queda por cobrar se gestionan en juicios.

$ 53 millones restantes es la deuda prescripta, según el propio Sepapys.

"Que gobierne de manera cristalina"
"A José Alperovich se lo conocerá como la cabeza de uno de los gobiernos más cuestionados por temas de corrupción en la historia de Tucumán", aseveró el senador Ricardo Bussi (FR).
El parlamentario reconoció su sorpresa por los dichos del mandatario, quien advirtió que espera ser denunciado por diversos hechos durante la próxima campaña electoral. "Alperovich se ataja de antemano", señaló.
"Pasan los años y los casos de corrupción quedan en la memoria de los tucumanos y en los cajones de algunos jueces que hacen la vista gorda. Basta con un poquito de memoria y allí están las denuncias contra Mario Koltan, el helicóptero, Lomas de Tafí, la polenta podrida, las obras públicas encaradas sin licitaciones, las comunas rurales que hacen desaparecer los dineros de la gente y otros tantos casos más. Ahora resulta que nos pide impunidad por 90 días más para seguir cometiendo desaguisados con el dinero de todos los tucumanos", se quejó Bussi.
El candidato a gobernador por Fuerza Republicana aseguró: "la única manera posible para que no se denuncie a Alperovich es que procure y demuestre que es capaz de gobernar sin sospechas y de manera cristalina en lo que resta de gestión".

Aporte de lectores
La legislatura debe aprobar un bloqueo de las deudas
El cobro de la deuda del agua, más que perseguir la recuperación de los ingresos, fue un plan que terminó en maniobras fraudulentas que perjudicaron tanto al Estado como a los usuarios. El Estado no logró su efectivo cobro y los usuarios fueron entrampados con el pago de abusivos honorarios profesionales. Se iniciaba juicio ejecutivo a deudores comprendidos en el Decreto 6787 del 22/10/98, por el que se condonaba toda deuda hasta $ 1200, exigiéndoles el pago de abusivos honorarios para desistir de la demanda. Tal es el caso denunciado por mí ante la Justicia, en el que por una deuda de $ 500 se inició un juicio ejecutivo por $ 25.000. Semejante situación se dio en otras circunstancias con la ex Obras Sanitarias de Tucumán (OST) y, actualmente, con la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), sin solución de continuidad. Desde la ONG Dusep (Defensa de Usuarios de Servicios Públicos), propusimos e insistiremos ante el Poder Legislativo un bloqueo para el agua, que permita una inmediata recuperación de los recursos genuinos; la reversión de la voluntad del "no pago" y terminar con el negocio del cobro vía judicial, el deficiente servicio y el discrecional régimen y cuadro tarifario del sistema.
Edmundo Romano
ehrdusep@hotmail.com
Ex técnico de Dipos