Por Redacción Política
16 Mayo 2007
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A seis meses de la finalización del mandato, la gestión de José Alperovich parece no haber encontrado las medidas que le permitan revertir las demoras de los comisionados rurales para rendir cuenta de los fondos públicos girados por el Poder Ejecutivo.
Tal es el grado de morosidad contable en las delegaciones del interior que, sobre 93 comunas, apenas dos figuran al día ante la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas. Según datos oficiales, Esquina y Mancopa y El Mojón son las únicas que cumplieron con las normas y ya elevaron al PE los 21 balances bimestrales vencidos, desde el último de 2003 hasta el segundo de 2007 (cerró el 30 de abril).
En su edición de ayer, LA GACETA dio a conocer un informe en el que se da cuenta de que aún no fue presentado el 30% de las ejecuciones de gastos correspondientes a 2006. En lo que respecta al año en curso, con excepción de las comunas de Esquina y Mancopa y de El Mojón, ninguna otra cumplió con esa obligación legal. Esto implica que 72 delegaciones rurales adeudan los dos balances bimestrales vencidos (enero-febrero y marzo-abril); en tanto que otras 19 elevaron al Ejecutivo los informes de los fondos ejecutados sólo durante el primer período de 2007.
Los números totales de la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas muestran que, en lo que va del año en curso, apenas se presentó el 12% de los balances bimestrales, mientras que el restante 88% aún permanece en manos de las comunas rurales morosas.
La Ley Orgánica de Comunas Rurales obliga a los comisionados a remitir a la secretaría que conduce Sergio Mansilla, cada 60 días, un detalle de sus movimientos financieros. Allí se efectúa un control preliminar de los recursos ejecutados. El expediente, luego de ser analizado, debe ser girado por el funcionario al Tribunal de Cuentas (TC), en donde se practica una auditoría externa. Cuando una comuna rural no rinda cuentas, el TC inicia un sumario de cuentas para determinar el circuito de los fondos. Si surgen observaciones, se sustancia un juicio de cuentas contra los funcionarios de esa administración. El organismo, inclusive, puede promover juicios de responsabilidad si detecta algún daño pecuniario en perjuicio del Estado.
Tal es el grado de morosidad contable en las delegaciones del interior que, sobre 93 comunas, apenas dos figuran al día ante la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas. Según datos oficiales, Esquina y Mancopa y El Mojón son las únicas que cumplieron con las normas y ya elevaron al PE los 21 balances bimestrales vencidos, desde el último de 2003 hasta el segundo de 2007 (cerró el 30 de abril).
En su edición de ayer, LA GACETA dio a conocer un informe en el que se da cuenta de que aún no fue presentado el 30% de las ejecuciones de gastos correspondientes a 2006. En lo que respecta al año en curso, con excepción de las comunas de Esquina y Mancopa y de El Mojón, ninguna otra cumplió con esa obligación legal. Esto implica que 72 delegaciones rurales adeudan los dos balances bimestrales vencidos (enero-febrero y marzo-abril); en tanto que otras 19 elevaron al Ejecutivo los informes de los fondos ejecutados sólo durante el primer período de 2007.
Los números totales de la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas muestran que, en lo que va del año en curso, apenas se presentó el 12% de los balances bimestrales, mientras que el restante 88% aún permanece en manos de las comunas rurales morosas.
La Ley Orgánica de Comunas Rurales obliga a los comisionados a remitir a la secretaría que conduce Sergio Mansilla, cada 60 días, un detalle de sus movimientos financieros. Allí se efectúa un control preliminar de los recursos ejecutados. El expediente, luego de ser analizado, debe ser girado por el funcionario al Tribunal de Cuentas (TC), en donde se practica una auditoría externa. Cuando una comuna rural no rinda cuentas, el TC inicia un sumario de cuentas para determinar el circuito de los fondos. Si surgen observaciones, se sustancia un juicio de cuentas contra los funcionarios de esa administración. El organismo, inclusive, puede promover juicios de responsabilidad si detecta algún daño pecuniario en perjuicio del Estado.
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