Un agujero negro en el Senado

La extraordinaria delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, comúnmente conocidas como superpoderes, así como el régimen de decretos de necesidad y urgencia y la repetida prórroga de la ley de emergencia económica, han reducido extraordinariamente en los últimos años la actividad del Congreso y su significado trascendental. No ya en el orden específicamente legislativo, sino en el de control de los restantes poderes del Estado, especialmente el de gobierno. A todo ello se agrega el anacronismo de un régimen electoral donde la llamada lista sábana plurinominal y cerrada conspira contra la calificación de los candidatos, permitiendo el acceso a las bancas de “los desconocidos de siempre”. Ese conjunto de obstáculos que termina frustrando el trascendente rol del Congreso como intermediario de la gestión ciudadana, tiene su expresión más grave en el Senado, donde una dócil mayoría oficialista parece hacer caso omiso de que la más importante comisión de trabajo permanente, la de Asuntos Constitucionales, acumule actualmente casi 200 proyectos de ley sin resolver.
Tal cúmulo de iniciativas es posible porque desde hace algo más de seis meses dicha comisión no se reúne para  dictaminar o descartarlas. Corresponde a ese organismo senatorial, entre otros temas, todo asunto vinculado con la interpretación y aplicación de la Constitución nacional, el régimen electoral y de partidos, cuya reforma espera desde 1983 bajo promesas incumplidas, y un numerosísimo orden de cuestiones que hacen a la preservación del régimen republicano.
Preside Asuntos Constitucionales la senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, quien durante ese tiempo se ha ocupado preferentemente de viajes al exterior con carácter oficial y vinculados con su eventual candidatura presidencial, despachando generalmente sus asuntos en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Su intensa actividad parlamentaria como representante de Santa Cruz antes de convertirse en primera dama, se trocó después en ocasionales proyectos propios de trascendencia, como la reforma de la Corte Suprema, la del Consejo Nacional de la  Magistratura que elevó la influencia del Poder Ejecutivo en el mismo, y la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que facilitó mediante la sanción ficta las decisiones legislativas del Presidente. Tan repetido ausentismo de la Comisión de Asuntos Constitucionales dio lugar a que en 2006 dictaminase en 8 ocasiones, 17 en 2005 y 21 en 2004. En suma, desde noviembre el organismo permanente del Senado que preside la senadora Fernández de Kirchner no ha emitido dictamen alguno.
Esas ausencias se reflejan, por cierto, en las sesiones de la Cámara de Senadores, donde la prematura campaña electoral nacional y el adelanto de comicios en algunos distritos, han reducido al mínimo la actividad parlamentaria. También puede advertirse la omisión que las autoridades del Poder Legislativo observan respecto de las ausencias reiteradas de senadores y diputados, que los reglamentos respectivos sancionan.
A todo ello, no puede dejar de observarse el comportamiento de ambas mayorías oficialistas que seguramente ven resuelto el inquietante problema de la escasa actividad del Congreso mediante sus concesiones al Poder Ejecutivo, justificadas por el “infierno” en que se halla el país, según reiterada observación del Presidente de la Nación, quien acaba de anunciar que este habrá de finalizar cuando se produzca el relevo constitucional de su actual gobierno.