Según Alperovich, no existe una deuda de $ 53 millones

"No es cierto que exista esa deuda; acá está la ley, mire, véala". De esta forma, el gobernador José Alperovich negó que el Estado haya perdido $ 53 millones correspondientes a deudas de usuarios de la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias. Esa deuda habría prescripto y, según un denuncia penal que recayó en la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación en contra de funcionarios del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), no se habrían presentado los instrumentos legales que declaran efectivamente vencidos los plazos para reclamar el cobro de dicho pasivo.
Para justificar su afirmación, Alperovich mostró a los periodistas una copia de un Boletín Oficial de la Provincia. Efectivamente se trataba de una ley, la que fue publicada el 24 de octubre de 1996, durante la gestión del ex gobernador Antonio Bussi. Esa norma fijaba la condonación de las deudas que, a esa fecha de la promulgación, mantenían los usuarios de la ex Dipos, en tanto no superen la cantidad de $ 1.200. "Una vez más, un diario serio como LA GACETA se equivoca y me da pena, porque un diario así debería tener mejor información; aquí está la ley, que habla de $ 1.200, que es gente humilde. Son deudas de gente humilde que hay que condonarlas; nosotros les condonamos porque no podemos hacer un juicio. Es lamentable que un diario serio como LA GACETA no esté diciendo la verdad", agregó el mandatario.
¿La deuda es menor?, se le consultó al titular del Poder Ejecutivo, durante su visita a Las Talitas, donde participó de la entrega de viviendas en el barrio San Gabriel. "No, mire, el 90% de la deuda que tenía Dipos era con gente humilde que debía $ 1.200; como hay una ley que dice que hay que condonar, no le puedo hacer juicio", contestó.
Sin embargo, tal como lo reconoció el domingo al diario el interventor del Sepapys, Adrián Cúneo Vergés, ordenó una auditoría y se refirió a la prescripción de la deuda, concepto que no tuvo en cuenta el gobernador. "Lo de las prescripciones es un lío, se investiga para que todo se aclare", acotó, aunque dudó de que se produzcan resultados inmediatos.
Esta investigación se inició en abril de 2006, cuando desde la sección de Gestión y Mora del Sepapys se dio cuenta de que la cartera de morosos de la ex Dipos, a diciembre de 2004, era de $ 57 millones, de los cuales $ 4 millones estaban demandados y el resto prescriptos. Posteriormente, el jefe interino de la Dirección de Contabilidad, Pedro Domingo Valdez, remitió una nota a Cúneo Vergés subrayando la gravedad de la situación. Allí pidió que se arbitren los medios para deslindar responsabilidades sobre el vencimiento para reclamar la deuda a los morosos.


El gobernador José Alperovich dijo ayer a la prensa que todas las denuncias que se hagan en contra del Gobierno en adelante tendrán motivaciones políticas. Según el mandatario, las acusaciones contra su persona o contra sus funcionarios se realizan porque se está a 90 días de la elección provincial, con lo que trató de relativizar los planteos judiciales. "Es bueno que escuche el pueblo tucumano, que estas denuncias son incesantes porque estamos en elecciones; no les crean, se hacen para sacar votos", manifestó.
En ese sentido, defendió el gasto de $ 1,8 millón que gastó la Convención Constituyente durante tres meses para reformar la Carta Magna. Al igual que el ministro de Salud, Juan Manzur, comparó ese gasto con el de la Legislatura. "La Cámara en un mes gasta $ 17 millones, la Convención gastó $ 600.000 por mes, hizo el mismo trabajo y sesionó más", destacó.
"Esto es permanente en épocas electorales; cuando no se tienen propuestas, se acude a las denuncias, en su mayoría, falsas. No les crean; en 90 días van a escuchar denuncias en forma permanente", finalizó.