Sobre 33 comunas morosas, tan sólo tres rindieron cuenta de todo lo gastado en 2006

A pesar de las intimaciones y de la ebullición política generada por el uso que dan las comunas rurales a los fondos públicos, al menos nueve delegaciones del interior aún adeudan todas las rendiciones de cuentas correspondientes al año pasado.
El lunes 29 de enero, LA GACETA dio a conocer el listado de administraciones morosas ante la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas. Según aquel informe oficial, la obligación de rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos había sido incumplida, en distinta proporción, por 86 de las 93 comunas rurales de la provincia durante 2006. La publicación dio origen a una denuncia penal presentada en contra del titular del área, Sergio Mansilla.
Se detalló, además, que 33 delegaciones adeudaban los seis balances bimestrales de ese período. Sin embargo, 105 días después de difundido el informe, tan sólo tres comunas se pusieron al día con la documentación requerida por el Poder Ejecutivo (en lo que respecta a los fondos gastados durante 2006). Según pudo averiguar LA GACETA, los comisionados de San Felipe-Santa Bárbara, Río Chico-Nueva Trinidad y Gobernador Garmendia fueron los únicos que rindieron cuenta de todos los fondos que ejecutaron durante el último año.
Las intimaciones, no obstante, parecen no haber hecho mella entre los funcionarios que conducen los destinos de Villa Chicligasta, Yánima, Yerba Buena (Simoca), Ranchillos-San Miguel, Arcadia, Santa Cruz y La Tuna, El Chañar, Benjamín Aráoz y Escaba. Estas delegaciones no presentaron ni siquiera uno de los seis balances bimestrales que les exige la Ley Orgánica de Comunas Rurales.
La mora es aún más relevante en la comuna de El Chañar, ya que esa delegación fue intervenida por el Gobierno el martes 23 de enero, a partir de la detención dispuesta por la Justicia del ex comisionado rural, Enrique Ignacio Robles, hoy en libertad.
Las normas obligan a los comisionados a remitir a la mencionada Secretaría de Coordinación un detalle de sus movimientos financieros, cada 60 días. En esta repartición, una dirección específica es la encargada de efectuar el primer control interno y, luego, de enviar la documentación al Tribunal de Cuentas para una auditoría externa. Según datos oficiales del organismo que conduce Mansilla, en las últimas semanas los delegados comenzaron a regularizar la situación, con respecto a los números difundidos en enero sobre 2006. Así, por ejemplo, ya fue presentado ante la Secretaría de Coordinación casi el 73% de las rendiciones de cuentas, mientras que un 27% de los balances aún permanece en poder de los delegados rurales. Del total de expedientes presentados, un 84% ya fue enviado al Tribunal de Cuentas, mientras que el restante 16% aún se encuentra bajo estudio del Poder Ejecutivo.