El Estado perdería $ 53 millones de la ex Dipos
Según un expediente del Sepapys las deudas prescribieron, lo que motivó una denuncia penal contra el interventor del organismo. El Departamento Jurídico dejó de litigar los cobros porque no habría recibido los bonos profesionales. Los desmienten en Contabilidad.
La Provincia habría perdido $ 53 millones correspondientes a deudas de usuarios con la extinta Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos), las cuales, en principio, habrían prescripto. La cuestión, además, contendría otros agravantes, dado que hay denuncias penales en contra de funcionarios del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), porque aparentemente no se habrían presentado los instrumentos legales que declaran efectivamente vencidos los plazos para reclamar el cobro de tales pasivos.
Cronología
De acuerdo con un expediente al que tuvo acceso LA GACETA, en mayo del año pasado el contador fiscal Julio Martín Vera reiteró un pedido de informes del que no había obtenido respuesta. Ante este requerimiento sobre la evolución del crédito de la ex Dipos, la contadora Mónica López Sueldo de Estrella (ya fallecida), quien era jefa del Departamento Administrativo Contable del Sepapys, le envió una nota al interventor, Angel Adrián Cúneo Vergés, en el cual le informa que para atender el pedido del Tribunal de Cuentas, el Departamento Jurídico del Sepapys debía remitir la información que ella venía requiriendo desde abril de 2006.
Precisamente, en abril de ese año, la profesional había requerido precisiones respecto de un informe que había presentado la jefa de la sección Gestión y Mora, María G. de Toranzo, en el que se daba cuenta de que la cartera de morosos de la ex Dipos, al 30 de diciembre de 2004, era de 57 millones, de los cuales $ 4 millones estaban demandados y $ 53 millones, prescriptos. Por ello, López Sueldo de Estrella solicitó que le informen “qué tratamiento se practicó a los $ 53 millones para informarlos como deuda prescripta”.
Fue así como el 13 de julio de 2006, el jefe de Jurídico, Juan Caligari, respondió los pedidos de informes y ratificó que sólo $ 4 millones se encontraban en gestión judicial de cobro. “Cabe aclarar que no se dio trámite a todos los juicios en razón de la falta de entrega de bonos profesionales por el organismo (el Sepapys). Todas las deudas que no fueron demandadas judicialmente, como aquellas que una vez demandadas no tuvieron trámite por falta de bonos profesionales, se encuentran prescriptas”, indica el letrado. Es decir, vencieron los plazos para reclamar las deudas por los $ 53 millones restantes.
Esta respuesta mereció severos reparos del jefe interino de la División Contabilidad, Pedro Domingo Valdez, que desmintió a Caligari en una nota del 7 de setiembre, dirigida a Cúneo Vergés. “Esta oficina no registra pedidos pendientes por parte de los abogados de la repartición, ni se tiene conocimiento de que se haya negado la compra (de bonos profesionales) por parte de la Intervención o de otra oficina”, escribió, negando la veracidad del argumento por el cual se dejó prescribir el 93% de la deuda.
Registros
“Señor interventor: la situación es de suma gravedad, ya que uno de los motivos de la existencia del Sepapys (como ente autárquico) es el cobro de la deuda de la ex Dipos. Y usted, como administrador, es responsable directo ante las autoridades provinciales del manejo, o mal manejo, de la repartición, por lo que le solicito que arbitre los mecanismos necesarios a efectos de deslindar responsabilidades con respecto a lo planteado”, consignó Valdez en el memorándum.
En este expediente se basa, según pudo averiguar LA GACETA, una denuncia penal presentada el viernes en contra de Cúneo Vergés, por la presunta comisión del delito de defraudación. En el expediente, que habría recaído en la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación, a cargo de Carlos Albaca, se advierte que, además de estas supuestas irregularidades, la Intervención del Sepapys aún no habría dictado una resolución en la cual se reconocieran como efectivamente caducos los plazos para reclamar su cobro. En consecuencia, tampoco habría elevado un detalle de cuáles son cada uno de los morosos cuyas deudas prescribieron. Cúneo Vergés, en tanto, negó tener responsabilidad en la prescripción del pasivo y dijo que él mismo ordenó una investigación al respecto. (ver “Es un lío”)
Justamente, a pesar de que en los informes de los jefes de Jurídico y de Gestión y Mora se consignan los $ 53 millones como prescriptos, estos siguen siendo informados en los registros como parte de la deuda de la ex Dipos.
Cronología
De acuerdo con un expediente al que tuvo acceso LA GACETA, en mayo del año pasado el contador fiscal Julio Martín Vera reiteró un pedido de informes del que no había obtenido respuesta. Ante este requerimiento sobre la evolución del crédito de la ex Dipos, la contadora Mónica López Sueldo de Estrella (ya fallecida), quien era jefa del Departamento Administrativo Contable del Sepapys, le envió una nota al interventor, Angel Adrián Cúneo Vergés, en el cual le informa que para atender el pedido del Tribunal de Cuentas, el Departamento Jurídico del Sepapys debía remitir la información que ella venía requiriendo desde abril de 2006.
Precisamente, en abril de ese año, la profesional había requerido precisiones respecto de un informe que había presentado la jefa de la sección Gestión y Mora, María G. de Toranzo, en el que se daba cuenta de que la cartera de morosos de la ex Dipos, al 30 de diciembre de 2004, era de 57 millones, de los cuales $ 4 millones estaban demandados y $ 53 millones, prescriptos. Por ello, López Sueldo de Estrella solicitó que le informen “qué tratamiento se practicó a los $ 53 millones para informarlos como deuda prescripta”.
Fue así como el 13 de julio de 2006, el jefe de Jurídico, Juan Caligari, respondió los pedidos de informes y ratificó que sólo $ 4 millones se encontraban en gestión judicial de cobro. “Cabe aclarar que no se dio trámite a todos los juicios en razón de la falta de entrega de bonos profesionales por el organismo (el Sepapys). Todas las deudas que no fueron demandadas judicialmente, como aquellas que una vez demandadas no tuvieron trámite por falta de bonos profesionales, se encuentran prescriptas”, indica el letrado. Es decir, vencieron los plazos para reclamar las deudas por los $ 53 millones restantes.
Esta respuesta mereció severos reparos del jefe interino de la División Contabilidad, Pedro Domingo Valdez, que desmintió a Caligari en una nota del 7 de setiembre, dirigida a Cúneo Vergés. “Esta oficina no registra pedidos pendientes por parte de los abogados de la repartición, ni se tiene conocimiento de que se haya negado la compra (de bonos profesionales) por parte de la Intervención o de otra oficina”, escribió, negando la veracidad del argumento por el cual se dejó prescribir el 93% de la deuda.
Registros
“Señor interventor: la situación es de suma gravedad, ya que uno de los motivos de la existencia del Sepapys (como ente autárquico) es el cobro de la deuda de la ex Dipos. Y usted, como administrador, es responsable directo ante las autoridades provinciales del manejo, o mal manejo, de la repartición, por lo que le solicito que arbitre los mecanismos necesarios a efectos de deslindar responsabilidades con respecto a lo planteado”, consignó Valdez en el memorándum.
En este expediente se basa, según pudo averiguar LA GACETA, una denuncia penal presentada el viernes en contra de Cúneo Vergés, por la presunta comisión del delito de defraudación. En el expediente, que habría recaído en la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación, a cargo de Carlos Albaca, se advierte que, además de estas supuestas irregularidades, la Intervención del Sepapys aún no habría dictado una resolución en la cual se reconocieran como efectivamente caducos los plazos para reclamar su cobro. En consecuencia, tampoco habría elevado un detalle de cuáles son cada uno de los morosos cuyas deudas prescribieron. Cúneo Vergés, en tanto, negó tener responsabilidad en la prescripción del pasivo y dijo que él mismo ordenó una investigación al respecto. (ver “Es un lío”)
Justamente, a pesar de que en los informes de los jefes de Jurídico y de Gestión y Mora se consignan los $ 53 millones como prescriptos, estos siguen siendo informados en los registros como parte de la deuda de la ex Dipos.
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