A los magistrados judiciales no los seduce el haber jubilatorio

La incertidumbre sobre el monto final de jubilación que cobrarán los magistrados, funcionarios y empleados jerárquicos del Poder Judicial a partir de que se retiren de sus cargos, es el principal freno que existe para que no se produzcan pedidos de jubilaciones.
El anuncio, realizado el año pasado, de que los miembros de la Justicia iban a poder gozar del 82% móvil en sus haberes como pasivos se debilitó rápidamente. La buena nueva había surgido a partir de que se incluyó al Poder Judicial de la Provincia en el régimen de la ley 24.018, que disponía los beneficios para los magistrados, fiscales, defensores y empleados federales. Con esa decisión, Tucumán se convirtió en el primer distrito del país en lograr una ansiada y postergada equiparación salarial a los jueces jubilados de la Nación.
La decepción llegó al poco tiempo, cuando se conoció que los sueldos de los pasivos tendrían una reducción por la aplicación de normas previsionales, que implicarían una merma considerable del monto final a cobrar.
Esta situación es resistida. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Alfredo Carlos Dato, señaló que cumplieron con todos los pasos que les pidieron, “en especial con las rectificativas de la historia previsional de cada uno para determinar las deudas por los aportes”. Sin embargo, indicó que existe una cláusula de detracción que -entiende- no se debe aplicar en el  caso de la Justicia local. “Creemos que la confusión se debe a que Tucumán es la primera provincia con caja transferida que se incorporaría al régimen especial”, apuntó.
El juez supremo explicó que la cláusula de la discordia emerge de las leyes nacionales 24.463 y 25.239 (modificatorias de la ley 24.241, de jubilaciones), que establecieron tanto el tope previsional de $ 3.100 como, en aquellos casos que se excedía ese monto, un aporte especial que es una extracción progresiva de fondos en función de la cifra que se va a cobrar como pasivo.
“Esta detracción no se aplica a los jueces nacionales y federales, y afirmamos que la Anses debe modificar ese punto en una circular en lo que a Tucumán respecta. Creemos que si el régimen es uno se lo debe aplicar plenamente. De no ser así, la jubilación final terminaría siendo de entre el 59% y el 71%, muy distinto de lo que dice la ley del 82% móvil”, agregó.

Los que se pueden ir
Dato fue consultado sobre cuánto pesa este asunto a la hora de definir un retiro. “No estoy en la cabeza ni en el corazón de los jueces, sean vocales de Corte o un juez de paz. Son decisiones personalísimas”, respondió.
Este tema se reactualizó ante la posibilidad de que algún miembro de la Corte decida jubilarse (Héctor Eduardo Area Maidana dejó abierta esa alternativa). “No hacemos hipótesis de modificación. En este tribunal me he sentido muy cómodo, orgulloso de su accionar y en un ambiente de cordialidad que permite sobrellevar las cuestiones que a veces plantea una conducción colegiada. Prefiero no decir qué podría pasar si alguno se va; nos sentimos bien y hemos dado muestras de que este poder funciona. Pienso que quien venga tendrá las condiciones legales y técnicas que requiere el cargo, pero no hago prospectiva sobre qué puede pasar con otra composición luego de ocho años con la misma integración”, concluyó Dato.