El ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, finalmente fue citado a prestar declaración indagatoria por una de las dos denuncias penales que en su contra se tramitan en el Juzgado Federal Nº2, a cargo del magistrado subrogante Mario Racedo.
Según el decreto judicial de fines de abril, Paz debe comparecer el jueves por pedido del fiscal federal Nº2, Carlos Brito, quien le imputa ser presunto responsable del delito de evasión fiscal simple, previsto en el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, la investigación al ministro tiene como base la denuncia realizada por la AFIP-DGI que sostiene que exteriorizó gastos en la declaración jurada original del impuesto a las Ganancias sin contar con la documentación para respaldarlo, lo cual le permitió reducir indebidamente la magnitud del tributo. En su escrito, Brito expresó: “el contribuyente Paz presentó una declaración jurada de Ganancias de 2002 con un saldo a favor de la AFIP de $ 20.700, cuando lo que en realidad debía al fisco ascendía a la suma de $105.000”.
La inspección del fisco
Siete meses después de la designación de Paz en el Ministerio de Desarrollo Productivo (ocurrió el 29 de octubre de 2003), los contadores José Gustavo Galilea y Mario Villarreal -de la División Fiscalización Nº 1 de la Dirección Regional de la AFIP- realizaron una inspección en la empresa que el funcionario posee en Tafí del Valle y que se dedica al cultivo de papa, batata y mandioca. Según el relato de Brito, los inspectores deseaban verificar la corrección de la situación impositiva del contribuyente con relación al impuesto a las Ganancias (período fiscal 2002) y al impuesto al Valor Agregado.
“La instancia técnica advirtió la ausencia de determinados contratos de arriendo, constatándose por tal motivo una importante diferencia en el importe que, por tal concepto, exteriorizó el contribuyente Paz en la declaración jurada de ganancias con el rubro `Gastos que implican una erogación de fondos`”, afirmó Brito.
El fiscal añadió que, como consecuencia de esta inspección, el 2 de diciembre de 2004, Paz presentó en forma voluntaria la declaración jurada rectificativa en el impuesto a las ganancias del período 2002, declarando esta vez el monto pretendido por la fiscalización, es decir, $105.000. “Con posterioridad, el contribuyente se acogió a una financiación”, manifestó Brito.
Agregó: “si bien es cierto que el importe total resultante del ajuste practicado por la AFIP fue conformado por el denunciado, no lo es menos que el monto total de la suma evadida en su oportunidad no fue aún regularizada en forma total e incondicional, tornándose procedente la presente denuncia. Por otra parte, es razonable considerar que el acogimiento del contribuyente implica lisa y llanamente un reconocimiento expreso de la obligación tributaria que evadió cuando venció la oportunidad de abonarla”.
Presunta defraudación
Sobre Paz también pesa un segundo pedido de citación a prestar declaración indagatoria. Este fue requerido por el fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, al ex juez federal Felipe Terán, en agosto de 2005. Ferrer le imputa a Paz el haber incurrido en un presunto delito de defraudación al Estado nacional al no devolver un crédito que este le otorgó en 1994, en el ámbito del proyecto “Propagación y cuarentena de especies frutihortícolas”.
Sin embargo, el requerimiento fiscal fue desestimado por Terán. Ferrer apeló la decisión en septiembre de 2005, por entender que había delito, lo que fue también ratificado por el fiscal federal general, Gustavo Gómez. La decisión del asunto depende, desde hace un año y ocho meses, de una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Según el decreto judicial de fines de abril, Paz debe comparecer el jueves por pedido del fiscal federal Nº2, Carlos Brito, quien le imputa ser presunto responsable del delito de evasión fiscal simple, previsto en el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, la investigación al ministro tiene como base la denuncia realizada por la AFIP-DGI que sostiene que exteriorizó gastos en la declaración jurada original del impuesto a las Ganancias sin contar con la documentación para respaldarlo, lo cual le permitió reducir indebidamente la magnitud del tributo. En su escrito, Brito expresó: “el contribuyente Paz presentó una declaración jurada de Ganancias de 2002 con un saldo a favor de la AFIP de $ 20.700, cuando lo que en realidad debía al fisco ascendía a la suma de $105.000”.
La inspección del fisco
Siete meses después de la designación de Paz en el Ministerio de Desarrollo Productivo (ocurrió el 29 de octubre de 2003), los contadores José Gustavo Galilea y Mario Villarreal -de la División Fiscalización Nº 1 de la Dirección Regional de la AFIP- realizaron una inspección en la empresa que el funcionario posee en Tafí del Valle y que se dedica al cultivo de papa, batata y mandioca. Según el relato de Brito, los inspectores deseaban verificar la corrección de la situación impositiva del contribuyente con relación al impuesto a las Ganancias (período fiscal 2002) y al impuesto al Valor Agregado.
“La instancia técnica advirtió la ausencia de determinados contratos de arriendo, constatándose por tal motivo una importante diferencia en el importe que, por tal concepto, exteriorizó el contribuyente Paz en la declaración jurada de ganancias con el rubro `Gastos que implican una erogación de fondos`”, afirmó Brito.
El fiscal añadió que, como consecuencia de esta inspección, el 2 de diciembre de 2004, Paz presentó en forma voluntaria la declaración jurada rectificativa en el impuesto a las ganancias del período 2002, declarando esta vez el monto pretendido por la fiscalización, es decir, $105.000. “Con posterioridad, el contribuyente se acogió a una financiación”, manifestó Brito.
Agregó: “si bien es cierto que el importe total resultante del ajuste practicado por la AFIP fue conformado por el denunciado, no lo es menos que el monto total de la suma evadida en su oportunidad no fue aún regularizada en forma total e incondicional, tornándose procedente la presente denuncia. Por otra parte, es razonable considerar que el acogimiento del contribuyente implica lisa y llanamente un reconocimiento expreso de la obligación tributaria que evadió cuando venció la oportunidad de abonarla”.
Presunta defraudación
Sobre Paz también pesa un segundo pedido de citación a prestar declaración indagatoria. Este fue requerido por el fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, al ex juez federal Felipe Terán, en agosto de 2005. Ferrer le imputa a Paz el haber incurrido en un presunto delito de defraudación al Estado nacional al no devolver un crédito que este le otorgó en 1994, en el ámbito del proyecto “Propagación y cuarentena de especies frutihortícolas”.
Sin embargo, el requerimiento fiscal fue desestimado por Terán. Ferrer apeló la decisión en septiembre de 2005, por entender que había delito, lo que fue también ratificado por el fiscal federal general, Gustavo Gómez. La decisión del asunto depende, desde hace un año y ocho meses, de una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.







