Los magistrados exigen trabajar libres de presión

Defensa de la independencia de los poderes. Los jueces tucumanos reivindicaron también la necesidad de que se garantice la separación de poderes como elemento esencial del Estado democrático de derecho.

La Asociación de Magistrados de Tucumán (AM) reclamó el más irrestricto respeto de los principios que sustentan la independencia judicial para que se la consolide, en consonancia con planteos realizados al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que sesionó recientemente en la Capital Federal.
Los jueces tucumanos reivindicaron también la necesidad de que se garantice la separación de poderes como elemento esencial del Estado democrático de derecho. La AM hizo suyas las conclusiones de la cumbre regional; en particular, las definiciones en contra de que los jueces sean afectados en su desempeño.

Intangibilidad salarial
“Es un imperativo de la independencia judicial que los magistrados trabajen libres de cualquier presión tanto de fuentes externas como internas. La independencia, la inamovilidad de los magistrados y la intangibilidad salarial son elementos esenciales de esa independencia”, resaltaron Marta Jerez de Rivadeneira y Marcela Tejeda (presidenta y secretaria de la asociación), al reproducir parte del documento de la FLAM, firmado por representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay.
La entidad provincial, además, expresó su plena identificación con el máximo tribunal de la Nación, desde donde se reclamó que el control de responsabilidad al que están sometidos los miembros de los tres Poderes del Estado “debe ser ejercido con mesura y equilibrio, utilizando los mecanismos institucionales previstos a fin de respetar la honorabilidad e independencia judicial”.
Este pronunciamiento se relacionó con las polémicas declaraciones del presidente Néstor Kirchner contra miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal, que estudian casos de violaciones a los derechos humanos.

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