El fiscal Albaca se ocupa de la causa que archivó Herrera

Las dos causas penales contra el secretario de Coordinación de Municipios y Comunas, Sergio Mansilla, se reactivaron ayer.
La Fiscalía de II Nominación, a cargo de Carlos Albaca, recibió la causa que investiga si el funcionario incumplió sus deberes ante la mora del 90% de las comunas en remitir los balances de 2006. Fue abierta tras la denuncia del titular de la convención de la UCR, Ariel García, que se fundó en los datos publicados por LA GACETA el 29 de enero.
Esta causa fue archivada el 26 de abril por el fiscal de la X Nominación, Guillermo Herrera, en una polémica resolución que mereció que García, el diputado Esteban Jerez y el legislador Roberto Palina solicitaran su juicio político. Precisamente, hoy, a las 11.30,  en la Legislatura, ratificarán ese pedido y lo ampliarán.
El miércoles, el ministro fiscal Luis de Mitri revocó el archivo y ordenó que Albaca siga con la pesquisa. Aunque circularon rumores de que él  podría inhibirse en esa causa, fuentes de la Fiscalía II negaron las versiones.

Designaciones irregulares
“Ponemos en conocimiento de un nuevo hecho presuntamente delictivo atribuible a Mansilla”, consigna la presentación que el abogado Gustavo Morales, patrocinante del vecino de El Chañar, Ramón Ablanedo, efectuó en la Fiscalía de I Nominación, a cargo del fiscal Pedro Gallo, en uso de licencia. Allí fue el expediente en que se denuncia al funcionario del PE de presunta violación de deberes. Lo acusan de que no habría actuado para frenar las contrataciones presuntamente irregulares que terminaron con la detención del ex comisionado Enrique Ignacio Robles y la intervención de esa comuna.
Morales presentó una actuación notarial efectuada en dos firmas privadas. En una distribuidora de alimentos encontraron a un empleado designado con categoría 15 en la delegación rural. En una algodonera, su apoderado legal confirmó que otro empleado, con idéntico rango, trabaja en distintos turnos en esa empresa. Finalmente, en la propia comuna de El Chañar, un empleado de la administración afirmó no conocer a dos mujeres nombradas, también, con categoría 15 en esa delegación.
“Las designaciones están avaladas por la Secretaría de Coordinación, en la resolución 7/14, del 5 de enero”, dijo Morales.
Morales también denunció que el Gobierno dejó cesante a Raúl Lucena Ríos, testigo clave en la causa por designaciones presuntamente irregulares en Cebil Redondo, por la que está detenido el ex comisionado Aldo Encina.
El decreto 1.471/3, firmado por el gobernador, José Alperovich, y el ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, deja sin efectividad la designación por seis meses, dispuesta el 15 de febrero. “Es una represalia espuria”, condenó Morales.