El juez federal Jorge Parache se trasladará al ex arsenal Miguel de Azcuénaga para concretar las audiencias indagatorias a Antonio Domingo Bussi y a Mario Albino Zimmerman, sobre la existencia de un campo clandestino de detención y exterminio en ese sitio. La causa central es el secuestro de Julio César Campopiano, ocurrido el 22 de octubre de 1976, cuando tenía 18 años. El hecho fue denunciado por su madre, Adelaida Celina Carloni de Campopiano.
La medida había sido solicitada por el fiscal federal Emilio Ferrer, para evitar que se sigan demorando los interrogatorios a los acusados por violaciones a los derechos humanos en la década del 70. La decisión fue notificada ayer a las partes y se adoptó ante los problemas de salud que alegan los militares retirados, quienes estuvieron recientemente internados, y por los informes clínicos del perito forense Julio César Picón.
El médico oficial le recomendó a Parache que Bussi no sea trasladado a los tribunales por sus problemas cardiovasculares. El juez federal (cuya renuncia se hará efectiva a partir del último día de este mes) pidió al Siprosa que disponga una junta profesional para que emita un nuevo y completo informe sobre los detenidos.
La próxima semana será agitada en la causa del ex arsenal, la primera en la cual se dispone la conexidad entre todas las denuncias por torturas, desapariciones y asesinatos ocurridos en ese predio (lo cual hace extensa la lectura de las imputaciones). Otra novedad de trascendencia es que se incorporó el delito de genocidio (propio del derecho penal internacional) en la acusación.
El lunes, Parache tiene previsto interrogar a Celso Barraza, quien será el primer miembro de Gendarmería en tener que pasar por los tribunales federales locales. El martes, le ampliará la lectura de los cargos a Luciano Benjamín Menéndez, que deberá ser nuevamente trasladado desde Córdoba. Zimmerman será ingadado el miércoles próximo y Bussi, el jueves.
La medida había sido solicitada por el fiscal federal Emilio Ferrer, para evitar que se sigan demorando los interrogatorios a los acusados por violaciones a los derechos humanos en la década del 70. La decisión fue notificada ayer a las partes y se adoptó ante los problemas de salud que alegan los militares retirados, quienes estuvieron recientemente internados, y por los informes clínicos del perito forense Julio César Picón.
El médico oficial le recomendó a Parache que Bussi no sea trasladado a los tribunales por sus problemas cardiovasculares. El juez federal (cuya renuncia se hará efectiva a partir del último día de este mes) pidió al Siprosa que disponga una junta profesional para que emita un nuevo y completo informe sobre los detenidos.
La próxima semana será agitada en la causa del ex arsenal, la primera en la cual se dispone la conexidad entre todas las denuncias por torturas, desapariciones y asesinatos ocurridos en ese predio (lo cual hace extensa la lectura de las imputaciones). Otra novedad de trascendencia es que se incorporó el delito de genocidio (propio del derecho penal internacional) en la acusación.
El lunes, Parache tiene previsto interrogar a Celso Barraza, quien será el primer miembro de Gendarmería en tener que pasar por los tribunales federales locales. El martes, le ampliará la lectura de los cargos a Luciano Benjamín Menéndez, que deberá ser nuevamente trasladado desde Córdoba. Zimmerman será ingadado el miércoles próximo y Bussi, el jueves.







