Un proyecto que se truncó muy rápido

Los vecinos tucumanos ya no piden un vigilante por cuadra. A eso estaban acostumbrados en su infancia, porque podían vivir en paz en las calles de la ciudad. El desmesurado incremento de los índices delictivos de los últimos años fue impidiendo esa práctica comunitaria, y ahora sólo reclaman que, de vez en cuando, pase al menos un uniformado por la zona.Por eso decidieron organizarse, dar la cara, vencer sus miedos y hasta armarse para enfrentar por sí mismos al delito.
Las organizaciones vecinales, excepto contadas excepciones, carecen del elemental y necesario apoyo institucional. Recorridos preventivos, inmediatez en el accionar policial y respaldo técnico son algunos de los reclamos vecinales.
Estas medidas estaban previstas, en el año 2000, en el truncado proyecto de "Policía Comunitaria". Apuntaba a restablecer lazos y confianzas a fuerza de presencia y diálogo entre vecinos y policías. Aspiraba a lograr un mayor control de las zonas "calientes" y a la participación y el compromiso del barrio en su propia problemática.Era una forma de dar respuesta al abandono que el Estado hizo de una sus obligaciones constitucionales: la seguridad pública.
Como mínimo, el Estado debería capacitar a los vigilantes barriales, organizar sus patrullajes y brindarles apoyo permanente.
Pero fue un proyecto impulsado por un grupo de funcionarios que terminó cambiando de carril, y quienes los sucedieron no le dieron continuidad. Además, fue una idea resistida por oficiales y suboficiales demasiado acostumbrados a salir sólo cuando es demasiado necesario y hay combustible en el móvil policial.