Enjuiciarían a ex funcionarios de Bussi en junio por sobresueldos

El juicio oral a Antonio Bussi, Franco Fogliata, Alberto Germanó y Ramón Arnedo, en la causa por malversación de caudales públicos durante el Gobierno de FR, se sustanciaría en la primera quincena de junio. Se llegará así al final del caso, tras más de cuatro años de espera y trabas judiciales interpuestas por las partes ante la Sala IV de la Cámara Penal.
El proceso se encuentra en su última etapa, luego de que se investigó la mecánica implementada para la percepción de sobresueldos como complemento de los haberes de gobernador y de ministros, mediante gastos reservados sin obligación de rendir cuentas, que estaban expresamente prohibidos en la Constitución de 1990.
Las audiencias públicas estaban previstas originalmente para la semana del 28 de mayo al 1 de junio, pero hubo novedades en la causa que la retrasarían. La pesquisa se originó en una denuncia del abogado Clímaco de la Peña (fue investigada por el fiscal anticorrupción Esteban Jerez), quien planteó que los ex ministros Germanó (Gobierno), Arnedo (Hacienda) y Fogliata (Producción) recibían entre $ 2.300 y $ 2.500 por mes desde enero de 1996 y hasta el final de sus mandatos, como compensación de gastos y de protocolo, a partir de una decisión de Bussi. El costo total de esta maniobra (quedaría comprendida bajo la figura del peculado, según la denuncia) alcanzaría los $ 5 millones.
Uno de los inconvenientes que obligarían a alterar las fechas es la renuncia del abogado de Fogliata, Agustín Arca. El ex ministro pidió que se le designe un defensor oficial, y la responsabilidad recayó en Hernán de Jesús Molina. El funcionario puntualizó que en la semana prevista tiene un previo juicio fijado con otro tribunal, por lo que solicitó que se realice una nueva convocatoria.

Recusaciones a Prieto
La principal traba en esta instancia está dada por sendas recusaciones efectuadas por Bussi y por Germanó contra la camarista María del Pilar Prieto, quien integra la Sala IV con Silvia Castellote y Horacio Villalba.
En el planteo del ex gobernador, efectuado por Cergio Morfil, se alegó que Prieto carecería de imparcialidad en el juicio ya que fue dada de baja como docente de la UNT en 1976. El hecho fue reconocido por la jueza, pero negó que la cesantía que sufrió haya afectado su posibilidad de juzgar con independencia. Pero puso a disposición del tribunal su excusación, para no trabar el proceso.
Germanó también cargó contra Prieto, y la acusó de haber obligado a sus alumnos de Criminología a concurrir a una disertación sobre derechos humanos, con la amenaza de reducir calificación a los ausentes. "Es un infundio y una falacia increíble, que no voy a aceptar", repudió la magistrada.
La Sala IV fue integrada por el camarista Emilio Herrera Molina para resolver las recusaciones, y ya se hizo la audiencia para que se ratifiquen los planteos y para que se ofrecezcan pruebas.