La Corte entenderá en una causa contra Terán

Casi con seguridad, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia deberá entender en una causa vinculada a Felipe Terán, ex titular del juzgado federal Nº 2, quien el 18 de octubre de 2006 fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño.
Daniel Marranzino, fiscal de Cámara, dedujo un recurso de casación contra la sentencia por medio de la cual la sala II de la Cámara Penal se declaró incompetente -por razones territoriales- para entender en la causa en la que el diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) denunció a Terán por presuntas injurias, delito que se configura por haber deshonrado o desacreditado a otra persona. Fuentes del tribunal confirmaron a LA GACETA que ya está tomada la decisión de habilitar los recursos, razón por lo cual intervendría la Corte.
En los hechos, al recurso de Marranzino se sumará el que anteriormente -y en el mismo sentido, aunque con sus propios argumentos- había interpuesto Fernando Jogna Prat, abogado de Vargas Aignasse.
Marranzino, prácticamente, insistió en los mismos argumentos que había esbozado cuando, antes de que emitiera la sentencia, la sala II le había pedido su opinión (no vinculante). El fiscal entiende que los efectos, supuestamente injuriosos u ofensivos, por los que accionó Vargas Aignasse, se habrían producido -o tuvieron mayor repercusión- en Tucumán, donde el denunciante desarrolla su vida profesional, social y pública. En cambio, el 1 de marzo, los camaristas se declararon incompetentes para entender en la cuestión y sugirieron que debía intervenir un tribunal federal de la Capital Federal. Argumentaron que fue en Buenos Aires donde se habría producido la conducta adjudicada a Terán. Este, en esa ciudad y ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, denunció a Vargas Aignasse por presunta concusión o extorsión en grado de tentativa. Según el ex magistrado, el legislador le habría ofrecido un acuerdo para que el también diputado Manuel Baladrón (PJ) votara a su favor en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el 18 de octubre de 2006, cosa que finalmente no sucedió. En respuesta, Vargas Aignasse replicó contra el ex juez federal con una querella por presuntas injurias ante la Cámara Penal de Tucumán.

El legislador alperovichista Antonio Raed insistió en que la Justicia no puede involucrarse en cuestiones políticas, aunque sean casos sometidos a su estudio. Sin embargo, coincidió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato, en cuanto a que el Poder Judicial ejerce el máximo control constitucional, en medio de la polémica sobre las cinco leyes sancionadas por la Legislatura y devueltas por el Poder Ejecutivo.
“Hay que distinguir la actividad judicial según los casos. No puede actuar cuando no resulta cuestionado el principio de legalidad (el órgano que dictó una norma tenía incuestionables facultades para hacerlo) ni el de razonabilidad (cuando al legislar no se altera la esencia de los derechos y garantías de rango constitucional, ni se vulneran los bienes jurídicos que ellos protegen)”, afirmó. Raed se pronunció en contra de que el Poder Judicial “incursione en el escabroso terreno de examinar el procedimiento de sanción de las leyes, cuando dicha cuestión es privativa del Congreso, conforme la doctrina legal sentada por la Corte de la Nación en el leading case ‘Cullen contra Llerena’”.
“Se abre la discusión de si las cuestiones políticas son o no judiciables. En ese sentido, es insoslayable la opinión en disidencia del juez del máximo tribunal norteamericano John Harlan en el caso ‘Baker vs. Carr’, cuando señaló que el respeto nacional por la autoridad de la Corte depende, en gran medida, de su sabio ejercicio de la autolimitación y de la disciplina en la adjudicación constitucional”, dijo.