Nuevo allanamiento en Cebil Redondo

La Justicia volvió a secuestrar ayer documentación en la comuna de Cebil Redondo, durante el segundo allanamiento en esa delegación rural en sólo tres días hábiles. El anterior se había realizado el viernes. Pero esta vez, el operativo, encabezado por el fiscal de Instrucción Guillermo Herrera, alcanzó también la casa del comisionado, Aldo Encina.
El funcionario está denunciado por presunta comisión de los delitos de peculado (extraer recursos públicos que se encuentran bajo su custodia para beneficio personal) y enriquecimiento ilícito, en el marco de una causa que investiga designaciones supuestamente irregulares de personal. El vecino Héctor Hugo Gómez, patrocinado por el abogado Gustavo Morales, afirma que Encina habría nombrado designado en la comuna a tres personas, a quienes les habría pagado $ 150 mensuales en negro, a pesar a que los habría contratadas por montos mayores.
"Precisamente, secuestraron constancias de pago confeccionadas por computadora, sin fecha ni número, en las que sólo se consignan montos a mano alzada. Volvieron a encontrar tickets y también se llevaron el libro oficial de designaciones y una computadora", precisó Morales.
"Lo que se encontró constituye un elemento probatorio muy importante, y complica gravemente la situación de Encina. De hecho, (hoy) pediré su detención", anticipó. "También haremos presentaciones ante el Poder Ejecutivo y ante la Legislatura, para que dispongan la intervención de la comuna", aseguró.
Por su parte, el abogado defensor de Encina, Jorge Lobo Aragón, negó que haya elementos incriminatorios contra el comisionado y sostuvo que ni el allanamiento de ayer ni el del viernes tienen validez.
"No entendemos por qué la Justicia procede de esta manera. Encina efectuó una presentación espontánea, el jueves pasado, en la que se puso a disposición de la Fiscalía X y manifestó su total voluntad de colaborar con la investigación", recordó el letrado. "El lunes pasado planteamos la nulidad del allanamiento del viernes. No fuimos notificados del procedimiento, pese a que no había urgencia. Y cuando llegamos, nos dimos con que participaba el abogado de la denuncia, que no es parte en la causa. No asistimos ni al ingreso ni a la inspección del edificio comunal", detalló.
Lobo Aragón afirmó que hará hoy el mismo planteo respecto del procedimiento de ayer, al que se presentaron, pero no presenciaron la tarea del fiscal ni en la comuna ni en la casa de Encina. En ambos casos, el comisionado fue acompañado por un grupo de seguidores. Frente a su vivienda, les habló subido a la caja de una camioneta, y recibió aplausos y muestras de apoyo.


Los escándalos suscitados en varias comunas por el manejo de las cuentas públicas y por la demora en remitir los balances obligatorios motivaron al legislador Ramón Graneros (Participación Cívica) a proponer una ley que limite la presencia de parientes directos del comisionado en un puesto contable estratégico, para brindar mayor transparencia a la administración.
El proyecto del ex radical establece la expresa prohibición de designar como Secretario Habilitado (funcionario encargado de manejar las finanzas) a quien tenga una relación de parentesco cercano con el comisionado comunal. Así, propuso que no puedan ocupar ese cargo el cónyuge, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y por afinidad hasta el segundo grado.
Según el aliado del Gobierno, "en numerosas comunas existe una tendencia a que los comisionados designen a sus familiares en ese cargo, que es la segunda autoridad en la jerarquía de mando". Como ejemplos, mencionó a las administraciones de Buena Vista, Monteagudo, Villa Quinteros, Taco Ralo, Escaba y El Chañar, donde el comisionado y el habilitado son hermanos; y a las de Benjamín Aráoz-El Tajamar, Teniente Berdina y Choromoro, donde la relación son entre padre-hijo (también lo fue en San Pedro de Colalao hasta su intervención).
Graneros recordó además que la ley dispone una responsabilidad conjunta del comisionado con el habilitado en el manejo de los recursos públicos, mientras que el Código Penal (en su artículo 277, inciso 4) exime de responsabilidad criminal a quien hubiere obrado a favor de un pariente cercano, lo que limitaría considerablemente la posibilidad de una condena en caso de delito.