No declaró uno de los imputados

Finalmente, ayer no se presentó a declarar Alberto Domingo Scaravilli López ante Mario Racedo, quien está a cargo del Juzgado Federal Nº 2 como consecuencia de la destitución de Felipe Terán. Racedo investiga una presunta defraudación al Estado nacional con títulos de la deuda pública y Scaravilli López es uno de los tres imputados en la causa. En lugar de presentarse en el Juzgado, Scaravilli López interpuso un escrito en el cual asegura que no había sido correctamente citado a comparecer y agrega que se había enterado por la prensa de su convocatoria. Racedo estudia ahora la posibilidad de fijar una nueva audiencia -probablemente para la próxima semana-, para convocarlo a la cual tendrá que notificar al imputado.
Lo sucedido ayer genera incertidumbre acerca de la audiencia prevista para hoy a las 9 a la que fue llamado el abogado César Roque Paliza (h). A ello hay que sumar que este cuestionó el sistema por medio del cual la comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura designó a Racedo para que ocupara el sitio dejado vacante por Terán. Por intermedio de su abogado, Eduardo Moreno, Paliza (h) solicitó que sea declarada inconstitucional la resolución del Consejo de la Magistratura que aprobó el Reglamento de Subrogancias y que dio pie a la designación de Racedo.
Este, mientras tanto, corrió vistas de la presentación al fiscal federal Carlos Brito, para que emita su dictamen (no es vinculante) antes de expedirse sobre la cuestión planteada por Paliza (h).

Marchas y contramarchas
El tercer imputado es el titular del Juzgado Federal Nº1, Jorge Parache, aunque en carácter de presunto partícipe necesario (los otros dos están imputados como supuestos autores). Racedo aún no lo ha citado, porque Parache, previamente, recusó al fiscal Brito (el incidente se encuentra en la Cámara Federal de Apelaciones) y cuestionó la constitucionalidad de la Ley 25.320, que autoriza a que un juez -entre otros funcionarios- sea convocado a prestar declaración indagatoria sin haber sido antes destituido por un Jurado de Enjuiciamiento.
No obstante, el segundo planteo de Parache devendrá abstracto el 31 de mayo, cuando se efectivice la renuncia que presentó y que el presidente, Néstor Kirchner, ya le aceptó.
Cuando Brito requirió a Racedo que citara a declarar a los tres imputados (Paliza hijo había sido apoderado de Scaravilli López) conjeturó que hubo una maniobra especulativa. Según el fiscal, el demandante habría invertido $ 295.750 en títulos públicos después de la declaración de default (cesación de pagos) de diciembre de 2001, e interpuso una demanda contra el Estado a fin de que fuera declarada inconstitucional la normativa que pesificó a 1,4 más CER por dólar los bonos. Como consecuencia de una medida cautelar dispuesta a favor de Scaravilli López por Parache que ordenaba al fisco que se abstuviera de concretar la pesificación, el Estado desembolsó $ 1,2 millón.