Fuertes críticas recibió la decisión del juez federal Jorge Parache de concederle el arresto domiciliario al ex gobernador Antonio Bussi, tal como había solicitado la defensa de este a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones. Esta, el 26 de diciembre, había concluido que, por su edad (81 años) y estado de salud, y de conformidad con lo que establece la Ley 24.660, correspondía que cumpliera de aquella forma la prisión preventiva que pesa sobre el ex mandatario por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
Entre otros, levantó su voz Bernardo Lobo Bugeau, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. "Es lamentable que una decisión de tamaña repercusión sea tomada por un juez federal renunciante", afirmó.
La queja del letrado se debe a que Parache firmó la resolución el viernes, el mismo día en que fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación el decreto 383/2007, por medio del cual el presidente Néstor Kirchner le aceptó la renuncia al frente del juzgado federal Nº 1 a partir del 31 de mayo.
Lobo Bugeau recalcó que Parache debió tener en cuenta el impacto que producirá la presencia de Bussi en el country Golf Club, de Yerba Buena, así como las nuevas declaraciones indagatorias que deberá prestar por otras causas en las que está imputado. "La orden dada por un magistrado que renunció y antes de que se haya cerrado la etapa de la instrucción (en el expediente caratulado ?Pastor Cerezo, Enrique Abdón s/secuestro y desaparición?) podría ser revocada por quien lo subrogue (a Parache a partir del 1 de junio) teniendo en cuenta la aplicación de esos principios fundamentales para el debido proceso", advirtió.
Dirigentes de la línea Peronismo Auténtico también cuestionaron el fallo. "Nos es justo que quienes en la Justicia Federal debieran defender y sostener los derechos consagrados para las mayorías, ofendidas por los crímenes de lesa humanidad, apoyada en vericuetos de justificaciones, les otorguen tratamiento especiales", aseguraron César Costa, Oscar Holmquist, Andrea Palomino, Mabel Montero, Miguel Frías, Walter Sueldo, Soledad Catalán, Patricia Guerrero y Cristina Barrionuevo.
El único que defendió la sentencia fue Luis José Bussi. "Se trata de una decisión que no hace más que acatar una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones, que corrigió el desacertado criterio del juez. Este, en octubre, no sólo negó el arresto domiciliario a mi padre, sino que pretendía enviarlo a la cárcel de Villa Urquiza", recordó.
El dirigente de Fuerza Republicana destacó que el fallo de Parache no resuelve la cuestión central. "Mi padre tiene derecho a un adecuado cuidado de su salud, que debe ser velada por los médicos que lo atienden en Buenos Aires. Por ello, esperamos que la Cámara se expida sobre la eximición de prisión que le corresponde según la normativa legal vigente, que impiden que una persona esté detenida más de dos años si no media sentencia firme en su contra", dijo.
Especiales cuidados
Aunque Bussi estará alojado en una casa, no podrá salir de ella y tendrá que llevar una vida adecuada con su situación procesal: la de alguien sujeto a una prisión preventiva. Por ello, en el fallo de diciembre, la Cámara Federal había efectuado una serie de recomendaciones al juez y al Ministerio Público Fiscal. "Es necesario un exhaustivo control en el cumplimiento de la prisión preventiva domiciliaria, a fin de custodiar la efectiva restricción ambulatoria que implica dicha medida coercitiva", había ordenado el tribunal. Además, la esposa del ex gobernador, Josefina Bigolio, asumió la guarda de su marido y deberá notificar cualquier situación anómala.
2 - El artículo 34 prevé que la detención domiciliaria será revocada cuando el beneficiado quebrantara la obligación de permanecer en el domicilio fijado.
3 - El mismo artículo establece idéntica solución cuando una supervisión efectuada en el domicilio aconsejara dejar sin efecto el beneficio concedido.
Entre otros, levantó su voz Bernardo Lobo Bugeau, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. "Es lamentable que una decisión de tamaña repercusión sea tomada por un juez federal renunciante", afirmó.
La queja del letrado se debe a que Parache firmó la resolución el viernes, el mismo día en que fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación el decreto 383/2007, por medio del cual el presidente Néstor Kirchner le aceptó la renuncia al frente del juzgado federal Nº 1 a partir del 31 de mayo.
Lobo Bugeau recalcó que Parache debió tener en cuenta el impacto que producirá la presencia de Bussi en el country Golf Club, de Yerba Buena, así como las nuevas declaraciones indagatorias que deberá prestar por otras causas en las que está imputado. "La orden dada por un magistrado que renunció y antes de que se haya cerrado la etapa de la instrucción (en el expediente caratulado ?Pastor Cerezo, Enrique Abdón s/secuestro y desaparición?) podría ser revocada por quien lo subrogue (a Parache a partir del 1 de junio) teniendo en cuenta la aplicación de esos principios fundamentales para el debido proceso", advirtió.
Dirigentes de la línea Peronismo Auténtico también cuestionaron el fallo. "Nos es justo que quienes en la Justicia Federal debieran defender y sostener los derechos consagrados para las mayorías, ofendidas por los crímenes de lesa humanidad, apoyada en vericuetos de justificaciones, les otorguen tratamiento especiales", aseguraron César Costa, Oscar Holmquist, Andrea Palomino, Mabel Montero, Miguel Frías, Walter Sueldo, Soledad Catalán, Patricia Guerrero y Cristina Barrionuevo.
El único que defendió la sentencia fue Luis José Bussi. "Se trata de una decisión que no hace más que acatar una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones, que corrigió el desacertado criterio del juez. Este, en octubre, no sólo negó el arresto domiciliario a mi padre, sino que pretendía enviarlo a la cárcel de Villa Urquiza", recordó.
El dirigente de Fuerza Republicana destacó que el fallo de Parache no resuelve la cuestión central. "Mi padre tiene derecho a un adecuado cuidado de su salud, que debe ser velada por los médicos que lo atienden en Buenos Aires. Por ello, esperamos que la Cámara se expida sobre la eximición de prisión que le corresponde según la normativa legal vigente, que impiden que una persona esté detenida más de dos años si no media sentencia firme en su contra", dijo.
Especiales cuidados
Aunque Bussi estará alojado en una casa, no podrá salir de ella y tendrá que llevar una vida adecuada con su situación procesal: la de alguien sujeto a una prisión preventiva. Por ello, en el fallo de diciembre, la Cámara Federal había efectuado una serie de recomendaciones al juez y al Ministerio Público Fiscal. "Es necesario un exhaustivo control en el cumplimiento de la prisión preventiva domiciliaria, a fin de custodiar la efectiva restricción ambulatoria que implica dicha medida coercitiva", había ordenado el tribunal. Además, la esposa del ex gobernador, Josefina Bigolio, asumió la guarda de su marido y deberá notificar cualquier situación anómala.
Disposiciones de la Ley 24.660
1 - El régimen de la detención domiciliaria está regulado por la Ley nacional 24.660, denominada de "Ejecución de la pena privativa de la libertad". 2 - El artículo 34 prevé que la detención domiciliaria será revocada cuando el beneficiado quebrantara la obligación de permanecer en el domicilio fijado.
3 - El mismo artículo establece idéntica solución cuando una supervisión efectuada en el domicilio aconsejara dejar sin efecto el beneficio concedido.







