Tensión durante la clausura de un edificio de Mas y Rovira

Por tercera vez en un mes fue clausurado el edificio en obras de Monteagudo 120, que construye la firma Mas y Rovira, en medio de incidentes que no pasaron a mayores gracias a la intervención de la Policía. El inmueble está ubicado justo al frente del Concejo Deliberante y adolece, según el acta de infracciones, de nueve fallas en su construcción y no cumple con la normativa municipal.
El nuevo director de Catastro, Gustavo Usandivaras, fue ayer al mediodía a clausurar la obra y, aunque la constructora Mas y Rovira ordenó al capataz que se acatara la medida, cerca de 100 obreros quisieron resistir al cierre de su fuente de trabajo. Insultaron a los concejales Catalina Navarro y Jorge Mendía e intentaron agredirlos, pero en ese momento llegaron al lugar cerca de 15 efectivos que lograron sofocar los disturbios.
Con la Policía protegiendo el ingreso al Concejo Deliberante, los obreros, aunque sin trabajar, se mantuvieron varias horas en sus puestos, cercando el ingreso al edificio y apostados en la vereda y en los balcones.
Mendía dijo que esta era la tercera vez en un mes que se colocaba una faja de clausura a este edificio. "La sacan por orden del encargado", añadió. El concejal se refiere a otras dos órdenes de cierre dispuestas hace días por el juez de Faltas Gerardo Poliche Iturbe. En esas oportunidades, las fajas fueron retiradas y los obreros siguieron con su trabajo.

Desde la ventana
"Mas y Rovira levantó un piso más de lo que se autorizó; desde mi oficina veo el octavo piso, que no figura en los planos. Se hicieron 9 actas contravencionales, y tres de ellas terminaron con el decreto de clausura", agregó Mendía.
"Los muchachos están ?calientes? porque van a perder el trabajo; la empresa ordenó que desocupen la obra por la clausura, pero ellos no quieren irse. No puedo decir nada más porque no sé nada", dijo a LA GACETA Alberto Luna, encargado de la obra.
Por su parte, la concejal Ana Mónica Beverina afirmó que no quieren perjudicar a los obreros. "Pero en esta ciudad es hora de que se haga lo correcto; la sanción les corresponde a los empresarios, no a los trabajadores", añadió. Beverina especificó que entre las transgresiones figuran la construcción de un piso de más, que no está en los planos; la modificación de tabiques (para hacer más departamentos de los que se indican en los planos); el escaso tamaño de los patios de ventilación; cañerías eléctricas de PVC corrugado, exiguo espacio para antecámaras en escaleras y acceso al edificio con medidas por debajo del reglamento, entre otras fallas.

Acatamiento
Cristian Mas, responsable de la empresa constructora, dijo que tiene en su poder una constancia policial de que Mas y Rovira acató la clausura. Indicó que se dirigirá al Tribunal del Faltas para saber qué ocurre e intentar subsanar los posibles errores. El empresario aclaró que los cuestionamientos se hacen a modificaciones que se realizan sobre la marcha al proyecto. "Es algo que siempre ocurre, en la mayoría de las edificaciones", añadió. Mas lamentó que suceda esto, ya que se trata de una obra en la que participan capitales porteños. "Hablé con los inversores de Buenos Aires; están muy enojados y dijeron que no saben si van a volver a invertir en Tucumán", comentó.
El concejal Mendía estimó que el espacio destinado a los patios se redujo para hacer más cantidad de monoambientes, cada uno de los cuales cuesta entre 20 y 25.000 pesos. Sin embargo, Mas sostuvo que es un edificio destinado íntegramente a oficinas.
Con respecto de los incidentes, Mas opinó que los obreros tienen miedo de quedar sin trabajo. "Por una locura de esta gente no voy a dejar sin trabajo a 100 personas; es por eso que trasladé al personal a otra obra, pero no sé hasta cuando podré mantener esta situación", explicó.

Denuncia de coimas
Mas y Rovira está en el ojo de la tormenta desde que un grupo de concejales denunció que durante una reunión, Ana María Ibáñez -quien según los ediles representaba a Mas y Rovira, pero según la firma es una agente inmobiliaria independiente-, dijo que la empresa constructora pagó coimas a funcionarios municipales. Los concejales intimaron a Ibáñez para que diga quiénes recibieron coimas, pero la mujer negó haber realizado esa denuncia. El caso, en el que se involucra a la gestión del ex intendente Oscar Paz, será enviado ahora a la Fiscalía Anticorrupción.