Mas y Rovira niega vínculos con la mujer del escándalo

La empresa constructora Mas y Rovira negó en forma categórica que se haya sobornado a funcionarios municipales para que pasen por alto irregularidades en las obras que patrocinan. También dijeron que Ana María Ibáñez, la mujer que habría denunciado que se pagaron coimas (departamentos y camionetas 4x4), no es empleada de la firma. "Es una agente inmobiliaria, trabajadora autónoma, es martillera y hace las tasaciones", respondió a LA GACETA Cristian Mas, responsable de la empresa.
Cuando se le preguntó por qué Ibáñez ocupaba un escritorio en la constructora, Mas contestó que "es un escritorio móvil, que utilizan los vendedores cuando llegan de la calle".
Varios concejales denunciaron que Ibáñez, durante una reunión mantenida la semana pasada en el Concejo Deliberante, junto con unos 50 consorcistas, había dicho que la firma sobornó a funcionarios municipales. Los ediles intimaron a Ibáñez, mediante carta documento, a que diga a quiénes se entregaron dádivas y qué cargos desempeñan. La mujer respondió con otra carta documento, en la que negó todo.
Mas también dijo que Ibáñez no estaba representando a la empresa en esa reunión. Sin embargo, el concejal Osvaldo Nieva, miembro de la comisión investigadora, presentó un acta notarial de hace unos años, firmada por la escribana Susana Fernández Suárez, en la que se le otorgaba un poder especial e irrevocable, para representar a la firma, a Carlos Alberto Mas, Carlos Roberto Rovira, Cristian Mas y Ana María Ibáñez.
La polémica se inició el miércoles pasado, cuando la comisión investigadora, que preside el concejal Adolfo Matías, recibió a a medio centenar de consorcistas damnificados del edificio de Santiago 53.
El inmueble no cumple con el Código de Planeamiento y por esa razón los propietarios no pueden obtener el final de obra, y tampoco escriturar sus departamentos.

Fallas normales
Mas reconoció que el edificio tiene algunas fallas, pero aclaró que es normal que así suceda en casi todas las construcciones de la mayoría de las empresas. "Son faltas menores que se van planteando a medida que se construye, porque se realizan modificaciones sobre la marcha, en muchos casos, solicitadas por los mismos propietarios", explicó.
Mas manifestó que la empresa acatará todas las disposiciones del Concejo Deliberante y que resolverá en forma inmediata las complicaciones que surjan en cualquiera de sus inmuebles.
Matías informó que son más de 500 las familias damnificadas, pertenecientes a 8 edificios. Sobre el inmueble de Santiago 53, el concejal dijo que los consorcistas ayer le informaron que Mas y Rovira estaba descargando material en el edificio, destinado a subsanar los errores, entre ellos, carencia de rampa para discapacitados y de antecámara en la escalera de subsuelo, falta de rellano en el ingreso al garage y falta de habilitación de Defensa Civil.
Matías adelantó que las actuaciones continuarán en los edificios de Santa Fe 112 y de Laprida y Corrientes.