17 Octubre 2002 Seguir en 
En un extraño episodio, la sede de la subdelegación Concepción de la Policía Federal fue allanada el martes pasado en medio de una investigación realizada por la denuncia de un suboficial, con respecto a la pérdida de su arma reglamentaria.
El operativo fue ordenado por el juez federal nº 2, Felipe Terán, secretaría de Rodolfo Argüello. Según la información a la que accedió LA GACETA, en la subdelegación, ubicada en calle Nasif Estéfano 120, se estaba realizando un sumario interno por la denuncia del suboficial de apellido Arroyo, con respecto a la pérdida de su pistola calibre 11,25.
Pero, aparentemente, al mismo tiempo Arroyo habría puesto en conocimiento de la Justicia Federal que el arma se la habrían sustraído en el interior de la sede policial. Según trascendió de fuentes judiciales, el suboficial sería conocido del secretario Argüello, ya que habría sido durante algún tiempo su chofer personal.
Con los elementos que Arroyo habría aportado, el juez ordenó el allanamiento, y le encomendó a la Policía Aeronáutica (PAN) que lleve a cabo la medida. El operativo se realizó a las 13.30.
Presuntamente los efectivos de Aeronáutica debían buscar algunos libros de guardia -en los cuales se habría asentado la denuncia del suboficial- y además tenía que efectuar una requisa, para certificar que la pistola no estuviera en la delegación. A raíz del allanamiento fueron demorados el jefe de la subdelegación, oficial principal Víctor Arriazu, y dos suboficiales de apellidos Gómez y González. Ayer, los tres fueron llevados hasta el Juzgado Federal, aunque no se les tomó declaración y luego fueron liberados. Por la tarde, los tres volvieron a sus funciones. "Estuve afectado a una medida judicial", dijo Arriazu a LA GACETA, y luego se excusó de dar mayores precisiones al respecto. "Todo está en manos de la Justicia", afirmó. La Justicia Federal entonces investiga en qué circunstancias se perdió el arma. En caso de comprobarse que, efectivamente, le fue robada a Arroyo en la subdelegación, se deberá averiguar quién se la llevó y qué hizo con ella. En ese caso el hecho se tornaría mucho más grave. Al contrario, si se corrobora -tal como presuponen en la subdelegación- que Arroyo extravió el arma en la calle, se continuará con el sumario administrativo en su contra.
El operativo fue ordenado por el juez federal nº 2, Felipe Terán, secretaría de Rodolfo Argüello. Según la información a la que accedió LA GACETA, en la subdelegación, ubicada en calle Nasif Estéfano 120, se estaba realizando un sumario interno por la denuncia del suboficial de apellido Arroyo, con respecto a la pérdida de su pistola calibre 11,25.
Pero, aparentemente, al mismo tiempo Arroyo habría puesto en conocimiento de la Justicia Federal que el arma se la habrían sustraído en el interior de la sede policial. Según trascendió de fuentes judiciales, el suboficial sería conocido del secretario Argüello, ya que habría sido durante algún tiempo su chofer personal.
Con los elementos que Arroyo habría aportado, el juez ordenó el allanamiento, y le encomendó a la Policía Aeronáutica (PAN) que lleve a cabo la medida. El operativo se realizó a las 13.30.
Presuntamente los efectivos de Aeronáutica debían buscar algunos libros de guardia -en los cuales se habría asentado la denuncia del suboficial- y además tenía que efectuar una requisa, para certificar que la pistola no estuviera en la delegación. A raíz del allanamiento fueron demorados el jefe de la subdelegación, oficial principal Víctor Arriazu, y dos suboficiales de apellidos Gómez y González. Ayer, los tres fueron llevados hasta el Juzgado Federal, aunque no se les tomó declaración y luego fueron liberados. Por la tarde, los tres volvieron a sus funciones. "Estuve afectado a una medida judicial", dijo Arriazu a LA GACETA, y luego se excusó de dar mayores precisiones al respecto. "Todo está en manos de la Justicia", afirmó. La Justicia Federal entonces investiga en qué circunstancias se perdió el arma. En caso de comprobarse que, efectivamente, le fue robada a Arroyo en la subdelegación, se deberá averiguar quién se la llevó y qué hizo con ella. En ese caso el hecho se tornaría mucho más grave. Al contrario, si se corrobora -tal como presuponen en la subdelegación- que Arroyo extravió el arma en la calle, se continuará con el sumario administrativo en su contra.







