Piden que la Corte le ponga freno al proceso electoral

Referentes de la oposición accionarán hoy, ante la Corte Suprema de Justicia provincial para solicitar   que se frene el proceso electoral que está en marcha de cara a los comicios generales convocados por el Ejecutivo para el 26 de agosto.
El diputado nacional Esteban Jerez; el legislador Roberto Palina; el concejal de Yerba Buena Marcelo Rojas, y el titular de la convención provincial de la UCR, Ariel García, interpondrán hoy a las 10.30 una acción declarativa de certeza, por medio de la cual solicitan que se declare la inconstitucionalidad de las leyes provinciales 7.876 y 7.877. Por la primera de estas normas, el Poder Ejecutivo promulgó el nuevo Régimen Electoral aprobado por la Legislatura el 12 de febrero, pero sin la prohibición de las prácticas clientelísticas ni la obligación de instaurar el voto electrónico, por cuanto interpuso el veto parcial de esos institutos. Por la segunda, promulgó el nuevo Régimen de Partidos Políticos, sancionado por la Cámara en la misma fecha, pero sin la pauta legal que impide a los partidos municipales y comunales acoplar en su boleta la fórmula de gobernador y vice, por cuando no están facultados para impulsar candidaturas de índole provincial. Esa restricción también fue vetada parcialmente por el PE.
Lo que plantean los opositores es que en la sesión del 12 de marzo la Cámara ratificó los textos completos de las normas que había aprobado en la deliberación anterior. Por tanto, los vetos parciales no tienen validez y, en ese esquema, las leyes promulgadas que sí los tienen en cuenta son inconstitucionales. Cabe recordar que la Cámara avaló en marzo, con 21 votos, los proyectos sancionados en febrero, porque interpreta que ambos meses pertenecen a años legislativos distintos (el 1 de marzo empezó el ciclo de sesiones ordinarias de 2007). El PE desconoce esta interpretación y considera que se trató de un fallido intento de rechazar los vetos, porque la insistencia de una ley se efectúa con 27 votos. Por ello, devolvió las normas sin promulgarlas ni volver a vetarlas.
Precisamente, los demandantes argumentan que existe una situación de incertidumbre respecto de la vigencia de la normativa electoral, que podría tornar nulo el proceso vigente. Por ello, le piden a la Corte que dicte, de modo urgente, una medida cautelar de no innovar, a fin de que la Junta Electoral Provincial se abstenga de publicar en el Boletín Oficial (y, en consecuencia, para que no ejecute) el cronograma electoral resuelto el miércoles pasado.


La Casa de Gobierno recibió ya el expediente judicial impulsado por el legislador Carlos Canevaro, para determinar la suerte de cinco leyes sancionadas y resistidas por el Poder Ejecutivo.
El planteo del referente de Unión Norte Grande consiste en una acción declarativa de certeza, con la intención de que se supere el estado de incertidumbre generado en torno de las normas. Su pretensión es que la Justicia se pronuncie y establezca la vigencia o no de las polémicas disposiciones.
Ahora, el fiscal de Estado, Antonio Estofán, deberá aportar los argumentos que tuvo el Poder Ejecutivo para decidir la devolución de los textos aprobados a la Legislatura, sin vetarlos ni promulgarlos. Luego, la Corte Suprema de Justicia podrá emitir su fallo, tras admitir su competencia.
Esta es una de las cuatro causas abiertas sobre el mismo tema. La otra en que la Corte se declaró competente es la de Ernesto Padilla (próximo a incorporarse a Recrear), pero todavía no fue remitida al PE. Para dar este paso, los magistrados esperan un pedido específico de parte del legislador opositor, ya que no actuarán sin impulso de parte.

Decisión pendiente
En las próximas horas, se conocerá también la decisión de los jueces supremos respecto de las otras dos acciones impulsadas por este mismo tema, ya que el pronunciamiento está circulando entre los despachos, para la firma de la resolución. Uno de los escritos fue presentado por el legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes), y es casi seguro de que tendrá el mismo tratamiento que los de Padilla y Canevaro. Danesi recusó a Antonio Gandur, lo que también deberá ser resuelto en esta instancia.
El restante es del vicegobernador Fernando Juri, quien presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad. Sobre ella, la Corte podría resolver su incompetencia (en ese caso, la giraría a la Cámara en lo Contencioso Administrativo) o que la vía elegida no es la correcta, lo que permitiría que se accione por amparo.
Las leyes que están en debate son el reconocimiento del 82% móvil en los haberes de los jubilados y pensionados transferidos; la implementación del voto electrónico; el castigo de prácticas clientelares para obtener votos; la nueva Ley de Autarquía Financiera; la normalización de los entes públicos intervenidos y la prohibición de que los partidos municipales y comunales puedan acoplarse a la fórmula provincial de gobernador y vicegobernador para la elección del 26 de agosto.