Se postergó siete días la decisión sobre Parache
Algunos consejeros arguyeron que no leyeron todo el dictamen del senador Fernández y Storani pidió que se considere la renuncia del juez. El diputado radical planteó que si el Presidente le aceptara la dimisión al magistrado de Tucumán se ahorraría todo el proceso.
BUENOS AIRES (De nuestro enviado especial Federico Abel).- El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, Jorge Parache, consiguió una semana de alivio. La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura postergó ayer hasta el próximo jueves el tratamiento ?y votación- del dictamen por medio del cual el senador Nicolás Fernández (PJ) sugirió que el tucumano sea sometido a un proceso de destitución por presunto mal desempeño en el manejo de causas judiciales vinculadas a títulos de la deuda pública.
La comisión comenzó a sesionar a las 13.20 con quórum estricto. Estaban cinco de los nueve consejero: los diputados Diana Conti (PJ, que la preside) y Federico Storani (UCR), además de Santiago Montaña, Luis María Cabral y Mariano Candioti, representantes de los abogados, de los jueces y de los académicos del Derecho, respectivamente.
Minutos más tarde se sumaron los senadores Fernández y María Laura Leguizamón (PJ), y Marcelo Losardo (por el Poder Ejecutivo), que se habían ausentado brevemente para comer después que terminó el plenario del cuerpo (lo forman los 13 consejeros), pasadas las 12.45. El único que faltó fue Luis María Bunge Campos, que estaba en Tucumán por el concurso convocado para cubrir el Juzgado Federal Nº 2 (ver página 9).
A las 14.40, Conti anunció que había llegado la hora de tratar el dictamen de Fernández. Inmediatamente, Cabral pidió que el tema fuera postergado. "Seré sincero: no pude leerlo detalladamente", argumentó.
Luego, Storani advirtió que podía presentarse un problema porque Parache había presentado su renuncia al presidente Néstor Kirchner. "Sí, pero para que se la haga valer desde el 31 de mayo, por lo que el sumario (en su contra) sigue", replicó Candioti. Y Losardo confirmó que el texto de la dimisión, que el juez elevó el 20 de marzo, se encontraba en el ámbito de la Presidencia.
Norma no escrita
Fernández recordó que, si un consejero pedía una postergación, una norma tácita ordenaba que había que acceder al requerimiento. Sólo preguntó si tenía que fundamentar su dictamen o si debía hacerlo la próxima semana. Cabral, otra vez, intervino: "lo dejemos para entonces, porque como es detallado y se hace mención a auditorías (practicadas en los juzgados federales de Tucumán), quiero estudiarlas para hacer preguntas", argumentó. Nuevamente, Storani entró en escena y levantó su voz por Parache dirigiéndose a Losardo. "Le pido a la representante del Ejecutivo si podría haber celeridad en la aceptación de la renuncia", exigió.
Para dar más fuerza a su posición, el radical recordó lo que había sucedido el año pasado con la magistrada federal porteña Emilia García. A esta, Kirchner le aceptó la dimisión antes de que comenzara el proceso de destitución en su contra, que iba a desarrollarse después del que, en octubre del año pasado, finalizó con la remoción de Felipe Terán del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán.
Storani insistió: "al diputado (Carlos) Kunkel (PJ) y a mí nos había tocado actuar como acusadores de García y un día antes de que comenzara el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento le aceptaron la renuncia. Esto le costó al Estado todo lo que significa poner en funcionamiento el Jury y hasta citar a testigos que viven en otras jurisdicciones. Por ello, si durante los próximos días se solucionara lo de Parache, nos ahorraríamos todo esto", subrayó.
Aunque en un clima de concordia, Losardo volvió a reiterar: "la renuncia está en la Subsecretaría Legal y Técnica. Al trámite lo vengo siguiendo desde que fue presentada. Entre hoy (por ayer) y mañana se la girará al Presidente. Esperemos que sea resuelta con celeridad, pero eso ya depende de él".
Sin más que agregar, los consejeros pasaron al punto siguiente y, sólo por una semana, dejaron en suspenso la cuestión.
DESDE TEMPRANO una decena de policías custodiaba la planta baja del edificio ubicado en Libertad 731, donde funciona el Consejo de la Magistratura de la Nación, en la Capital Federal. Había un punto que acaparaba el orden del día del plenario (que lo forman los 13 consejeros): la presentación de los abogados que, en representación de querellantes en causas por violaciones a los derechos humanos, promovieron una denuncia contra cuatro vocales de la Cámara Nacional de Casación Penal.
LA SALA "LINO E. PALACIO", donde se celebran los plenarios del Consejo, tiene capacidad para que 60 personas sigan sentadas las reuniones de los consejeros. No obstante, ayer quedó pequeña y mucha gente debió escuchar de pie la exposición de Graciela Daleo, Rodolfo Yanzon y Marcelo Conti contra los camaristas denunciados. Los denunciantes ingresaron acompañados por un grupo de Madres de Plaza de Mayo.
TAL VEZ FUE LA EXPECTATIVA que había que hasta Beinusz Szmukler, ex consejero, concurrió al plenario de ayer, pero en esta ocasión como integrante del público. En la mano, como siempre, tenía su infaltable sombrero.
CUANDO SE RETIRARON los militantes de los organismos de derechos humanos, la sala se descongestionó. Entonces, pudo se ver entre los presentes a Jorge Dal Zotto, secretario a cargo del Cuerpo de Auditores Judiciales del Consejo de la Magistratura. A partir de una denuncia de Szmukler, el funcionario llevó adelante las auditorías en los dos juzgados federales de Tucumán, cuyas conclusiones fueron determinantes para que fueran abiertos sendos sumarios contra los magistrados Jorge Parache y Felipe Terán..
"LO VINE A BUSCAR A TITO, pero por cuestiones políticas". Esta fue la respuesta que ensayó la diputada nacional Stella Maris Córdoba (PJ-Tucumán) cuando fue sorprendida por LA GACETA en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La parlamentaria tuvo que esperar unos minutos en la antesala del auditorio Lino E. Palacio antes de poder encontrarse con "Tito", apodo del consejero y senador nacional Nicolás Fernández (PJ).
FUGAZMENTE y sobre el término del plenario pudo distinguirse entre el público a Claudio Kiper, quie fue consejero en representación de los jueces. Kiper tuvo una recordada actuación durante el plenario del 27 de abril del año pasado, cuando logró imponer su criterio e impidió que ese día fuera discutido ?y aprobado- el dictamen del diputado Carlos Kunkel (PJ), que pedía que el entonces juez Terán fuera suspendido y sometido a un proceso de destitución. Esto, finalmente, ocurrió el 8 de junio de ese año.
La comisión comenzó a sesionar a las 13.20 con quórum estricto. Estaban cinco de los nueve consejero: los diputados Diana Conti (PJ, que la preside) y Federico Storani (UCR), además de Santiago Montaña, Luis María Cabral y Mariano Candioti, representantes de los abogados, de los jueces y de los académicos del Derecho, respectivamente.
Minutos más tarde se sumaron los senadores Fernández y María Laura Leguizamón (PJ), y Marcelo Losardo (por el Poder Ejecutivo), que se habían ausentado brevemente para comer después que terminó el plenario del cuerpo (lo forman los 13 consejeros), pasadas las 12.45. El único que faltó fue Luis María Bunge Campos, que estaba en Tucumán por el concurso convocado para cubrir el Juzgado Federal Nº 2 (ver página 9).
A las 14.40, Conti anunció que había llegado la hora de tratar el dictamen de Fernández. Inmediatamente, Cabral pidió que el tema fuera postergado. "Seré sincero: no pude leerlo detalladamente", argumentó.
Luego, Storani advirtió que podía presentarse un problema porque Parache había presentado su renuncia al presidente Néstor Kirchner. "Sí, pero para que se la haga valer desde el 31 de mayo, por lo que el sumario (en su contra) sigue", replicó Candioti. Y Losardo confirmó que el texto de la dimisión, que el juez elevó el 20 de marzo, se encontraba en el ámbito de la Presidencia.
Norma no escrita
Fernández recordó que, si un consejero pedía una postergación, una norma tácita ordenaba que había que acceder al requerimiento. Sólo preguntó si tenía que fundamentar su dictamen o si debía hacerlo la próxima semana. Cabral, otra vez, intervino: "lo dejemos para entonces, porque como es detallado y se hace mención a auditorías (practicadas en los juzgados federales de Tucumán), quiero estudiarlas para hacer preguntas", argumentó. Nuevamente, Storani entró en escena y levantó su voz por Parache dirigiéndose a Losardo. "Le pido a la representante del Ejecutivo si podría haber celeridad en la aceptación de la renuncia", exigió.
Para dar más fuerza a su posición, el radical recordó lo que había sucedido el año pasado con la magistrada federal porteña Emilia García. A esta, Kirchner le aceptó la dimisión antes de que comenzara el proceso de destitución en su contra, que iba a desarrollarse después del que, en octubre del año pasado, finalizó con la remoción de Felipe Terán del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán.
Storani insistió: "al diputado (Carlos) Kunkel (PJ) y a mí nos había tocado actuar como acusadores de García y un día antes de que comenzara el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento le aceptaron la renuncia. Esto le costó al Estado todo lo que significa poner en funcionamiento el Jury y hasta citar a testigos que viven en otras jurisdicciones. Por ello, si durante los próximos días se solucionara lo de Parache, nos ahorraríamos todo esto", subrayó.
Aunque en un clima de concordia, Losardo volvió a reiterar: "la renuncia está en la Subsecretaría Legal y Técnica. Al trámite lo vengo siguiendo desde que fue presentada. Entre hoy (por ayer) y mañana se la girará al Presidente. Esperemos que sea resuelta con celeridad, pero eso ya depende de él".
Sin más que agregar, los consejeros pasaron al punto siguiente y, sólo por una semana, dejaron en suspenso la cuestión.
Apostillas de la reunión
DESDE TEMPRANO una decena de policías custodiaba la planta baja del edificio ubicado en Libertad 731, donde funciona el Consejo de la Magistratura de la Nación, en la Capital Federal. Había un punto que acaparaba el orden del día del plenario (que lo forman los 13 consejeros): la presentación de los abogados que, en representación de querellantes en causas por violaciones a los derechos humanos, promovieron una denuncia contra cuatro vocales de la Cámara Nacional de Casación Penal.
LA SALA "LINO E. PALACIO", donde se celebran los plenarios del Consejo, tiene capacidad para que 60 personas sigan sentadas las reuniones de los consejeros. No obstante, ayer quedó pequeña y mucha gente debió escuchar de pie la exposición de Graciela Daleo, Rodolfo Yanzon y Marcelo Conti contra los camaristas denunciados. Los denunciantes ingresaron acompañados por un grupo de Madres de Plaza de Mayo.
TAL VEZ FUE LA EXPECTATIVA que había que hasta Beinusz Szmukler, ex consejero, concurrió al plenario de ayer, pero en esta ocasión como integrante del público. En la mano, como siempre, tenía su infaltable sombrero.
CUANDO SE RETIRARON los militantes de los organismos de derechos humanos, la sala se descongestionó. Entonces, pudo se ver entre los presentes a Jorge Dal Zotto, secretario a cargo del Cuerpo de Auditores Judiciales del Consejo de la Magistratura. A partir de una denuncia de Szmukler, el funcionario llevó adelante las auditorías en los dos juzgados federales de Tucumán, cuyas conclusiones fueron determinantes para que fueran abiertos sendos sumarios contra los magistrados Jorge Parache y Felipe Terán..
"LO VINE A BUSCAR A TITO, pero por cuestiones políticas". Esta fue la respuesta que ensayó la diputada nacional Stella Maris Córdoba (PJ-Tucumán) cuando fue sorprendida por LA GACETA en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La parlamentaria tuvo que esperar unos minutos en la antesala del auditorio Lino E. Palacio antes de poder encontrarse con "Tito", apodo del consejero y senador nacional Nicolás Fernández (PJ).
FUGAZMENTE y sobre el término del plenario pudo distinguirse entre el público a Claudio Kiper, quie fue consejero en representación de los jueces. Kiper tuvo una recordada actuación durante el plenario del 27 de abril del año pasado, cuando logró imponer su criterio e impidió que ese día fuera discutido ?y aprobado- el dictamen del diputado Carlos Kunkel (PJ), que pedía que el entonces juez Terán fuera suspendido y sometido a un proceso de destitución. Esto, finalmente, ocurrió el 8 de junio de ese año.
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