En pocas palabras

El ex subsecretario de Información Pública, Julio Valenzuela (gestión de Julio Miranda), ratificó ayer su denuncia por presuntas amenazas y lesiones en contra del actual secretario de Prensa y Difusión, Mauro Castagneri. Valenzuela solicitó al fiscal Guillermo Herrera que les brinde protección a él y a su familia. Según declaró, fue agredido por el funcionario mientras caminaba por calle 25 de Mayo primera cuadra, frente a Casa de Gobierno. Además, pidió que se cite a declarar a Castagneri.


El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) decidió postular a algunos de sus dirigentes para que sean candidatos por la lista del oficialismo. A llegar a la Cámara aspiran Carlos Gallardo, Claudia Amaya y Patricio Rovira; mientras que para el Concejo Deliberante figuran Mariano Uasuf, Gastón Maciel y Enrique Argañaras. Para edil en Yerba Buena postulan a Fernando Aguilar, y a Carlos Romano en Las Talitas.


El general (r) Antonio Domingo Bussi, y los coroneles (r) Alberto Cattáneo y Mario Alberto Zimmermann solicitaron ayer a la Justicia Federal que se les otorgue una audiencia conjunta para exponer sus cuestionamientos a las detenciones que cumplen.
“Padecemos de hace largos años prisión preventiva. Ahora confinados a una unidad militar inactiva, cuando somos personas mayores de 70 años y con graves enfermedades psicofísicas acreditadas por médicos de probadas solvencia profesional”, señala el escrito que presentó el abogado Horacio Conesa Mones Ruiz, ante el secretario del juzgado, Roberto Véliz.
En ese planteo resaltaron que las detenciones son injustas y contrarias a derecho. “Los supuestos hechos que se imputan con autoría mediata no cuentan hasta el presente con ningún responsable inmediato o directo y habrían sido cometidos hace más de 30 años; o sea que somos traídos a proceso fuera de todo plazo razonable y sin pruebas”, se resaltó en el escrito.
El documento de Mones Ruiz se refiere a la causa judicial “López Marta sobre su denuncia por el secuestro de Ceferina López, Ramón López y Juan Carlos López”.
“Fuimos parte de una guerra promovida por el comunismo internacional y, una respuesta militar ordenada por el Gobierno constitucional del general Perón y de su esposa”, remarcaron. E insistieron en la nulidad de sus detenciones. “La prisión que padecemos afecta nuestra personalidad y perjudica nuestra salud”, advirtieron.