El destino de $ 50.000 afectados al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) para atender la emergencia hídrica y social, tras las violentas tormentas de principios de año, está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas (TC) y es objeto de un especial seguimiento por parte del legislador radical José Cano.
El referente opositor solicitó al presidente del ente de control, Miguel Chaibén Terraf, un informe sobre la comprobación sumaria que se encuentra en trámite. Tiene la sospecha de que buena parte de los fondos fue gastada por parte del titular del Siprosa, el ministro de Salud Juan Manzur, en cuestiones que nada tenían que ver con la situación de gravedad que se vivía, sino en mobiliario, traslados, comidas y redecoración de despachos de los funcionarios.
Los recursos fueron asignados a la Secretaría General Administrativa del Siprosa para que afronte eventuales gastos producidos por las inundaciones. Como el origen fue el decreto de necesidad y urgencia (DNU), se facultó a realizar erogaciones excepcionales y a obviar pasos burocráticos y controles previos, atento a la grave situación que se vivía en enero y febrero.
En ese contexto, el TC se abocó a realizar un control posterior (no preventivo) sobre el uso dado a los dineros públicos, que aún está realizándose. Al disponerlo, se advirtió que el Poder Ejecutivo no delegó expresamente al Siprosa la potestad de efectuar contrataciones o acciones de emergencia, como debería haberlo hecho según las normas vigentes; además, se determinó que el acto administrativo ejecutado del traspaso de los fondos careció de la obligatoria imputación presupuestaria.
Planteo parlamentario
Independientemente del accionar que lleva adelante el TC, Cano remitió su propio pedido de informes a Manzur, en su carácter de presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. Le solicitó datos sobre los expedientes administrativos tramitados bajo el amparo del estado de emergencia declarado; los nombres, cargos y funciones de quienes recibieron y ejecutaron los fondos disponibles en el área bajo su conducción, y el destino o inversión a los que fueron afectados esos recursos, con copia de las facturas, documentos, comprobantes o tickets disponibles.
El legislador de la UCR aseguró que no se podrán justificar como gastos de la emergencia hídrica y social, erogaciones por alrededor de la mitad de los fondos asignados. Al respecto, señaló que tiene información extraoficial sobre que se realizaron gastos innecesarios con esa partida excepcional.
"En el propio Siprosa hay empleados que no entienden por qué se compraron sillas, pintura, placas de bronce, toner para impresoras, herrajes y hasta un tanque de agua, y se pagaron una comida en una parrillada y traslados en remise desde esa cuenta, por más de $21.000 en total. El DNU fue dictado para auxiliar a la gente que estaba en problemas por las lluvias, no para esto", aseveró.
El referente opositor solicitó al presidente del ente de control, Miguel Chaibén Terraf, un informe sobre la comprobación sumaria que se encuentra en trámite. Tiene la sospecha de que buena parte de los fondos fue gastada por parte del titular del Siprosa, el ministro de Salud Juan Manzur, en cuestiones que nada tenían que ver con la situación de gravedad que se vivía, sino en mobiliario, traslados, comidas y redecoración de despachos de los funcionarios.
Los recursos fueron asignados a la Secretaría General Administrativa del Siprosa para que afronte eventuales gastos producidos por las inundaciones. Como el origen fue el decreto de necesidad y urgencia (DNU), se facultó a realizar erogaciones excepcionales y a obviar pasos burocráticos y controles previos, atento a la grave situación que se vivía en enero y febrero.
En ese contexto, el TC se abocó a realizar un control posterior (no preventivo) sobre el uso dado a los dineros públicos, que aún está realizándose. Al disponerlo, se advirtió que el Poder Ejecutivo no delegó expresamente al Siprosa la potestad de efectuar contrataciones o acciones de emergencia, como debería haberlo hecho según las normas vigentes; además, se determinó que el acto administrativo ejecutado del traspaso de los fondos careció de la obligatoria imputación presupuestaria.
Planteo parlamentario
Independientemente del accionar que lleva adelante el TC, Cano remitió su propio pedido de informes a Manzur, en su carácter de presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. Le solicitó datos sobre los expedientes administrativos tramitados bajo el amparo del estado de emergencia declarado; los nombres, cargos y funciones de quienes recibieron y ejecutaron los fondos disponibles en el área bajo su conducción, y el destino o inversión a los que fueron afectados esos recursos, con copia de las facturas, documentos, comprobantes o tickets disponibles.
El legislador de la UCR aseguró que no se podrán justificar como gastos de la emergencia hídrica y social, erogaciones por alrededor de la mitad de los fondos asignados. Al respecto, señaló que tiene información extraoficial sobre que se realizaron gastos innecesarios con esa partida excepcional.
"En el propio Siprosa hay empleados que no entienden por qué se compraron sillas, pintura, placas de bronce, toner para impresoras, herrajes y hasta un tanque de agua, y se pagaron una comida en una parrillada y traslados en remise desde esa cuenta, por más de $21.000 en total. El DNU fue dictado para auxiliar a la gente que estaba en problemas por las lluvias, no para esto", aseveró.







