Gozarían del 82% móvil 70 funcionarios judiciales

La Corte Suprema de Justicia estudiará cómo incorporar a unos 70 funcionarios (cumplen tareas técnico-administrativas) que quedaron fuera del acta complementaria del convenio celebrado el 1 de junio de 2006 por la Provincia y la Nación. Este permitió que magistrados y funcionarios judiciales fueran incorporados al régimen de la Ley 24.018 y que, por ende, puedan jubilarse con el beneficio previsional del 82% del haber que perciben quienes todavía están en actividad.
Lo que activó las cosas fue un fallo de la sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social de la Capital Federal. Este tribunal autorizó al secretario de la Junta Electoral, Fernando Escobedo, a que efectúe las gestiones correspondientes ante la Anses a fin de que pueda gozar de los beneficios de la Ley 24.018. Esta sentencia se encuentra en trámite de ejecución.
Aunque salarialmente está equiparado a un secretario de Corte, Escobedo cumple funciones administrativas, no judiciales. Y el anexo "A" del acta complementaria del convenio Nación-provincia sólo prevé los cargos que van desde vocal de Corte hasta juez de paz.
Por ello, la abogada de Escobedo, Adriana Ortiz, destacó que, a partir de la jurisprudencia sentada, también podrán ser incluidos en la Ley 24.018 quienes desempeñen tareas administrativas en los cargos comprendidos por esta norma, aun cuando no figuren en el anexo "A". En efecto, la Ley 24.018, más abarcadora, comprende desde jueces de Corte hasta prosecretarios administrativos y jefes de despacho de primera categoría.
El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Alfredo Dato, reconoció ayer la importancia del criterio sentado en la causa "Escobedo". "Esto nos obliga a trabajar en el sentido de incorporar a quienes no están en el anexo ?A?, para que la situación termine siendo idéntica a la de la Justicia Federal y Nacional", aseguró a LA GACETA.
Dato insistió: "la sentencia (sobre el caso de Escobedo) muestra que hay una razón legal para equiparar la situación de la Justicia Nacional y la de la provincia, más allá de que valoramos la decisión política, porque la adhesión a la Ley 24.018 se hizo por medio de una norma provincial y sobre la base de un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo provincial, que reflejaba lo acordado con el presidente Néstor Kirchner".

Otro problema
En estos momentos, unos 70 funcionarios quedaron fuera del anexo "A" del acta complementaria. Se trata de cargos que van desde director del Centro de Capacitación del Poder Judicial hasta jefe de despacho, pasando por prosecretario administrativo de superintendencia, entre otros.
Desde Buenos Aires, Ortiz aseveró que, a partir del antecedente de Escobedo, el interesado "sólo debe dirigirse a la Anses y solicitar que lo incorporen a la Ley 24.018, siempre que se desempeñe en uno de los cargos comprendidos por la norma".
El otro problema se da cuando, incluso en el caso de un magistrado o funcionario incluido en el anexo "A" del acta complementaria, este aporte al sistema jubilatorio de capitalización (privado). Para gozar de sus beneficios, la ley 24.018 exige como mínimo 10 años en el sistema de reparto (estatal) y haberse desempeñado durante los últimos 10 años en cargos comprendidos por ella. "El criterio de la Anses es que el interesado, acción mediante, debe obtener una orden judicial que disponga el rescate retroactivo de lo aportado a una AFJP (capitalización)", dijo Ortiz.