Los partidos deberán realizar internas

Durante la semana que termina, la Corte Suprema de Justicia de la provincia tomó dos decisiones clave respecto de los planteos que, desde la Legislatura, reclaman que se declaren válidas las cinco normas vetadas en febrero y ratificadas en marzo. Como primera medida, los jueces supremos se declararon competentes para entender en dos acciones impulsadas por los legisladores Carlos Canevaro y Ernesto Padilla (ambos se alejaron de FR). Y, en principio, hará lo mismo con las dos restantes, una de las cuales es impulsada por el propio vicegobernador, Fernando Juri, y la restante, por el presidente de Ciudadanos Independientes, el legislador Rodolfo Danesi.
A continuación, los vocales desestimaron, por unanimidad, una medida cautelar con la que Padilla (cercano a Recrear) pedía que se suspendiera la ejecutoriedad del decreto 850, mediante el cual el gobernador José Alperovich y el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, convocaron a comicios generales para el 26 de agosto.
Esta determinación deja en claro que los ministros de la Corte se harán cargo de superar la falta de certezas respecto de la vigencia las normas sancionadas, por segunda vez, el 12 de marzo. Asimismo, con el rechazo al planteo de Padilla, los magistrados entendieron no existe peligro actual de que se violen derechos fundamentales, atento al régimen electoral dispuesto para que se celebren las elecciones con las que se renovará la totalidad de los cargos electivos provinciales. Al decir de una encumbrada fuente judicial, hay certeza en el tema ya que, con las normas que se encuentran vigentes, es perfectamente posible ir a las urnas y votar por las futuras autoridades.
La afirmación toma relevancia cuando hay distintas disposiciones normativas que están cuestionadas en la Justicia, como el régimen constitucional de acople (tanto en general como respecto de cuáles partidos podrán aplicarlo), la integración de la Junta Electoral Provincial (JEP) y la implementación del voto electrónico.
En primer lugar, el decreto del Poder Ejecutivo funda su convocatoria a los comicios en la ley 5.454, y "sus modificatorias y leyes concordantes". Fuentes de los tribunales que fueron consultadas por LA GACETA coinciden en interpretar que, con esta consigna, el Gobierno evitó decir cuáles leyes considera vigentes (hasta abrió la puerta a que el Código Electoral Nacional pueda ser empleado supletoriamente). Por ende, delega esa cuestión en la JEP que integran Juri, el titular de la Corte, Alfredo Carlos Dato, y el fiscal de Estado, Antonio Estofán, desde la reforma de la Carta Magna provincial.
"El resultado es que habrá que hacer un verdadero ?collage? de disposiciones legales para que pueda celebrarse el acto electoral", razona un alto magistrado. Ese "collage" se verá plasmado en el cronograma electoral a dictarse en los próximos días, cuando la autoridad electoral determine con qué normas se regirán los plazos para realizar las primarias y para presentar candidatos, por ejemplo. "Y para eso, la Junta no va a inventar nada: va a apelar a lo que esté vigente", señaló el juez consultado.

Plena operatividad
En segundo lugar, la Constitución provincial, luego de las reformas introducidas por la Convención Constituyente de 2006, establece una serie de pautas que, desde la propia JEP, han sido calificadas como de "innegable condición operativa", ante la pregunta efectuada desde este diario.
Concretamente, el inciso 12 del artículo 43 fija: "Se votará personalmente y por boletas en que consten los nombres de los candidatos. Las mismas deberán tener las medidas establecidas por ley para cada categoría de candidatos, y contendrán tantas secciones como categorías de candidatos comprenda la elección, las que irán separadas entre sí por medio de líneas negras. Los partidos políticos, frentes o alianzas electorales podrán celebrar acuerdos para apoyar a un único candidato a Gobernador y Vicegobernador y/o Intendente de un partido político, frente político o alianza distinta, pudiendo unir la boleta diferentes categorías de candidatos con la categoría de Gobernador y Vicegobernador y/o de Intendente de otra lista distinta, sumándose la totalidad de los votos obtenidos por las listas en cada categoría. La unión en una boleta de listas distintas necesita del previo acuerdo por escrito de los respectivos partidos políticos, frentes o alianzas electorales".
"El artículo es exhaustivo -consigna la fuente de la autoridad electoral a LA GACETA-. No sólo establece las pautas del ?acople? sino que hasta determina que las categorías de candidatos tienen que ir separadas por rayas negras".

El antes y el después
Para las fuentes judiciales y electorales consultadas (pidieron reserva de sus identidades por cuanto pueden tener que entender en planteos judiciales o administrativos respecto del régimen electoral, lo que los haría pasibles de recusaciones), la normativa vigente, lejos de generar incertidumbre, plantean nuevas certezas. Por ejemplo, la de que las internas son el único medio para elegir candidatos.
De manera unívoca, advierten que, en años anteriores, la celebración de esos comicios por parte de cada partido era una exigencia de la carta orgánica. Y estas normas, propias de cada fuerza, pautan que, dado el caso, puede ser el congreso, la convención o la asamblea del movimiento el que determine quiénes serán los candidatos. Pero -coinciden- a partir de la última modificación a la ley 5.454 (Régimen de Partidos Políticos), las internas son una exigencia legal. En consecuencia, está jerárquicamente por encima de las cartas orgánicas. Entonces, los órganos legisferantes de cada agrupación no podrán suplir la celebración de las elecciones internas.
"Tanto es así que, a diferencia de los pasados escenarios electorales, a los partidos no les corresponderá celebrar sus internas antes de hacer una alianza, sino que primero deberán conformar el frente y deberá ser esa coalición la que llame a internas para elegir sus candidatos. Y, la verdad, no sabemos en qué tiempo van a poder hacer eso, teniendo en cuenta la altura del año", manifestó un miembro del Poder Judicial.
En definitiva, no se aplicarán los plazos de la Nación, en cuyo escenario las alianzas deben presentarse 60 días antes de las generales, y, hasta diez días después, los postulantes. En Tucumán, dos meses antes del día de la elección, los frentes deberán tener oficializados sus candidatos.


El régimen de internas abiertas simultáneas y obligatorias fue sancionado el 30 de marzo de 2005, para reemplazar a la polémica Ley de Lemas, que había sido derogada seis meses antes por la Legislatura. Se lo aplicó por primera vez el 21 de agosto de ese año durante las primarias celebradas para seleccionar a los candidatos a intendente de Banda del Río Salí. Pese a las críticas y a los planteos judiciales, volvió a ser usado el 18 de diciembre para definir los candidatos a convencionales constituyentes de las distintas fuerzas, en las elecciones de febrero de 2006.
Al final, las 11 agrupaciones que participaron de esos ineludibles comicios presentaron listas únicas. Lo que se mostró como una idea innovadora para hacer renacer a los partidos, terminó por transformarse en un remedio inservible para muchos de ellos: la obligación de sumar un piso de sufragios en la primaria (10% del padrón de afiliados), para adquirir el derecho a disputar la elección general, se convirtió en un requisito difícil de cumplir en tiempos de desinterés ciudadano.
La Ley 7.536 había surgido a partir de un reclamo generalizado de cambio. También, con el justificativo de devolver vitalidad y de oxigenar a los partidos, a fin de evitar los armados de listas entre cúpulas o el festival de sublemas.


La historia de los procesos electorales tucumanos demuestra que, desde el retorno de la democracia en 1983, se pasó de la no regulación a la regulación absoluta respecto de cómo se dilucidan las postulaciones dentro de los partidos. Así, de una decisión en manos de las cúpulas partidarias se pasó en 1987, tras el reclamo de mayor participación de los afiliados, a la concreción de internas partidarias. Aquel año se presentaron más de 20 listas de precandidatos en los comicios internos del PJ.
La ley 5.857 dividió en tres las secciones electorales. Sin embargo, el proceso fue tan desgastante que, un año después, el recinto legislativo de Rivadavia 25 cobijó la sanción de la Ley de Lemas: el 14 de noviembre de 1988 el sistema de sublemas fue aprobado por el desaparecido Senado provincial.
A raíz de los estragos cometidos a partir de la Ley de Lemas, todo el arco político provincial estuvo de acuerdo en poner coto al sistema. Así surgió, en 2005, el Capítulo XII en la Ley de Partidos Políticos 5.454, que estableció la obligatoriedad de las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos. En febrero de este año, la norma fue modificada y, en lugar de internas abiertas, se dispuso que los comicios sean cerrados.