La Corte también vería los casos de Juri y de Danesi

La Corte Suprema de Justicia de la provincia concentrará todas las miradas la próxima semana, ya que deberá definir su competencia en dos planteos pendientes sobre la vigencia de cinco leyes en debate y comenzar a dar trámite a todas las presentaciones sobre este asunto al remitirlas al Poder Ejecutivo para que conteste a las presentaciones efectuadas.
Desde ámbitos judiciales se descuenta que el máximo tribunal retendrá para sí las presentaciones efectuadas por el vicegobernador Fernando Juri (en tanto presidente de la Legislatura) y Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes), tal como lo resolvió el miércoles con los escritos de Ernesto Padilla y Carlos Canevaro. Este pronunciamiento se concretará en los primeros días hábiles de la semana.
Asimismo, los jueces supremos podrían disponer la acumulación de las causas, pese a que la de Juri es una acción declarativa de inconstitucionalidad contra los decretos firmados por José Alperovich mediante los cuales dispuso la devolución de las normas a la Legislatura (le solicitó a la Corte que le ordene al Poder Ejecutivo la numeración y publicación de las leyes), mientras que las otras tres son acciones meramente declarativas de certeza, para que cese el estado de incertidumbre creado por los criterios enfrentados entre los poderes del Estado.
En discusión están la mejora de los haberes de los jubilados y pensionados transferidos a la Nación al 82% móvil; el régimen electoral que se aplicará en los comicios del 26 de agosto (exclusión de los partidos municipales y comunales del sistema de acople de la fórmula para la gobernación; castigo por la entrega de bolsones y concreción del voto electrónico); la situación de los entes autárquicos intervenidos y el cambio a la ley de Autarquía Financiera.
Las normas fueron aprobadas en febrero; vetadas por Alperovich en ese mismo mes, y luego vueltas a aprobar en marzo, tras la apertura del 102 período de sesiones ordinarias.
El criterio de la Legislatura es que las leyes están vigentes, ya que fueron sancionadas con la mayoría suficiente para superar el veto interpuesto desde el PE y en un año parlamentario distinto, pese a que transcurrió apenas un mes desde la primera votación. Desde la Casa de Gobierno se sostiene, en cambio, que la Constitución provincial se refiere a año calendario, y que las normas debían ser aprobadas con la mayoría calificada de 2/3 de los integrantes del cuerpo legislativo.

Respaldo a la Legislatura
El ex legislador Luis Iriarte respaldó la posición de Juri. “Descuento que la sentencia de la Corte acogerá positivamente la posición del presidente de la Legislatura, porque existe reiterada jurisprudencia de la Corte Federal en este mismo sentido. El tribunal tiene una clara limitación, ya que no puede descalificar la ley 6.846, por la cual la Legislatura reglamentó las cláusulas constitucionales locales referidas al trámite de proyectos vetados por el PE”, explicó.
El constitucionalista remarcó que, según el artículo 2 de esa ley (la cual no está cuestionada) los proyectos caducaron “el día en que comienzan las sesiones ordinarias del año parlamentario siguiente al de aquel en que se produjo el veto”. Por ello, interpretó que para la aprobación definitiva de las normas alcanza la mayoría absoluta de los votos, como se consiguió.
“La Corte no puede invadir la zona de reserva de la Legislatura en el ámbito de su propia competencia, porque violaría el principio republicano de división de poderes. Es positivo que haya asumido la competencia en los casos presentados”, recalcó el dirigente del MP3.

Las cinco leyes cuya vigencia discuten el Poder Ejecutivo y el Legislativo determinan, en primer término, el pago del 82% móvil a los 25.000 jubilados transferidos a la Nación; y los cambios a la ley de Autarquía Financiera, por la cual se obliga al Gobierno a librar los fondos que requieran la Justicia y la Legislatura, cuando se trate de créditos asignados por la Ley de Presupuesto. A ambas, se suman las normas que penan las prácticas clientelistas e instauran el voto electrónico (ley de Régimen Electoral), que prohíben que partidos comunales y municipales se acoplen a la fórmula de gobernador y vice (ley de Partidos Políticos), y que ordenan la inmediata regularización de los órganos públicos intervenidos (Ley de Normalización).