Confían en que la Corte avalará las cinco leyes

La satisfacción por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declararse competente para tratar los reclamos para que se determine si cinco leyes están o no vigentes, unió a los legisladores Carlos Canevaro y Ernesto Padilla. Ambos pertenecieron hasta hace poco a Fuerza Republicana, pero ahora tienen destinos distintos: el primero lidera Unión Norte Grande; el segundo se integrará a “Proyecto Tucumán”, el frente opositor que propician Recrear, Compromiso para el Cambio y Ciudadanos Contra la Corrupción.
Canevaro admitió que esperaba que la Corte se pronunciase como lo hizo y se mostró complacido. “En mi presentación, que fue la primera que ingresó en la Justicia, planteé un conflicto de poderes, no una objeción a un acto administrativo. Ocurre que, por las distintas interpretaciones que hicieron la Legislatura y el Ejecutivo sobre la votación para las leyes, se vulneró el mecanismo de sanción y promulgación de las normas y se creó un estado de incertidumbre que debe ser encauzado por la Corte, indicando cuál de los dos poderes actuó conforme a derecho”, afirmó.
El legislador explicó que su acción conlleva un sentido preventivo para que el choque no devenga en una crisis institucional, ni termine en una situación de ingobernabilidad de la provincia. “Estoy convencido de que el fallo sobre el fondo de la cuestión será favorable. Confío y seguiré confiando en la Justicia; si es contrario a mi visión, lo respetaré, aunque agotaré la vía recursiva, porque estoy seguro de que las leyes están vigentes. Lo importante es que, cualquiera que sea el fallo de la Corte, hará cesar el estado de incertidumbre y determinará si la Constitución provincial habla de año calendario o legislativo, con lo cual se superará la laguna, y las generaciones venideras tendrán más claridad”, remarcó.

Paso positivo
Padilla aseveró que la asunción de competencia por parte de la Corte “es un paso positivo en la búsqueda de la certeza requerida, y permitirá que se aboque al fondo del planteo cuanto antes, porque si no hay una sentencia en tiempo, no sirve”.
El dirigente opositor se mostró partidario de que se acorten los plazos procesales al máximo posible. Resaltó que las normas en análisis abarcan distintos aspectos públicos, ya que afecta a las instituciones del Estado en el caso de la Autarquía Financiera; a miles de personas, como el aumento de los sueldos de los jubilados transferidos; y a la ciudadanía en general, por la aplicación de la ley electoral.
“Entiendo que la Corte actuará con un criterio positivo y desde la ciencia jurídica en su más pura expresión. Me voy a allanar a lo que decida, porque confío en la independencia con que se mueve”, adelantó. Aclaró que no está contrariado por la negativa de los jueces supremos a suspender el decreto de llamado a elecciones para el 26 de agosto. Aclaró que cuando la Junta Electoral Provincial dicte el cronograma, habrá un elemento nuevo que podrá agregar a la causa para insistir en la medida cautelar pedida.