La Corte dirá si son válidas las leyes ratificadas

La Corte Suprema de Justicia de la provincia se declaró ayer competente para determinar la validez de las cinco leyes aprobadas el 12 de febrero por la Legislatura, vetadas a fines de ese mes por el Poder Ejecutivo y ratificadas con 21 votos el pasado 12 de marzo.
Por unanimidad, los vocales del superior tribunal decidieron entender en las causas en las que, por separado, los legisladores Carlos Canevaro y Ernesto Padilla interpusieron sendas acciones declarativas para que se determine si son constitucionales, o no, los decretos con los cuales el Gobierno, sin vetar ni promulgar, devolvió a la Cámara los textos de las normas aprobadas, cuyo tratamiento fue declarado “no procedente”.
En su presentación, Padilla pedía, como medida cautelar, que se suspendiera la ejecutoriedad del decreto 850, por el cual el Ejecutivo convocó a elecciones generales el 26 de agosto, hasta tanto haya un pronunciamiento judicial sobre la ley electoral que se aplicará. Los magistrados desestimaron este planteo, por considerar que no estaba acreditado el peligro de frustrar un derecho ni el perjuicio inminente que provocaría el llamado a comicios que dispuso el PE.
En consecuencia, el proceso electoral sigue su curso, por cuanto los plazos no se suspendieron y el decreto 850 tiene operatividad.

Un dictamen coincidente
A la mañana, el ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri, había emitido un dictamen -no vinculante- cuyo criterio era el que, por la tarde, adoptaron los jueces supremos.
El funcionario se pronunció en forma coincidente, pero por separado, en los cuatro planteos sometidos a su análisis. Además del de los ex republicanos, también interpusieron acciones declarativas de inconstitucionalidad contra los decretos del PE (publicados en el Boletín Oficial de ayer) el legislador Rodolfo Danesi (CI) y el propio vicegobernador, Fernando Juri.
Justamente, el dictamen principal de De Mitri, y sobre el que se refirió en los otros tres escritos, se centró en la presentación del presidente del Poder Legislativo.
En su planteo, Juri pidió a la Justicia que le ordene al PE la publicación de las leyes sancionadas y comunicadas, paso indispensable para su plena vigencia. Acusó a la Casa de Gobierno de lesionar derechos y garantías constitucionales; de incumplir con sus deberes; de afectar la división e independencia de los poderes del Estado y de avanzar en forma indebida sobre las facultades privativas de la Legislatura y de la Justicia.
Las normas en debate se refieren al régimen electoral (limitación al sistema de acople, sanción de prácticas clientelísticas e implementación del voto electrónico); el reconocimiento del 82% móvil en los haberes de los jubilados transferidos; la normalización de los entes autárquicos intervenidos y la Autarquía Financiera.
Juri también planteó, en el hipotético caso de que no se haga lugar a su demanda principal, la inconstitucionalidad del decreto 144/3 del PE, que limitó la remisión de fondos a la Legislatura. Con ello, busca que la Justicia imponga al Gobierno la cancelación total de los libramientos de pago de sueldos.
El ministro fiscal consideró que la Corte también debía entender en las causas impulsadas por los legisladores opositores.
Canevaro advirtió que la devolución de las normas afectó de manera grave los derechos constitucionales de propiedad, igualdad y razonabilidad; y que destruyó la seguridad jurídica. Padilla señaló que la cuestión adquirió una gravedad institucional suficiente para que la Corte se avoque a su resolución. Danesi aseveró que se vulneró el principio republicano y que el PE incurrió en actos u omisiones en forma inconstitucional al no promulgar las leyes cuestionadas.
En la decisión de De Mitri pesaron, además, razones de economía procesal, para simplificar el trámite y evitar una duplicación de los costos y de esfuerzos de los jueces.