Error en una resolución de la Cámara Penal

La sala II de la Cámara Penal incurrió en un error formal. Ya había declarado inadmisible un recurso de casación interpuesto por Fernando Jogna Prat, abogado del diputado Gerónimo Vargas Aignasse. Incluso, ya había notificado a las partes, cuando sus miembros advirtieron que no habían corrido vistas a Daniel Marranzino, fiscal de Cámara. El debe dar su opinión -no vinculante, pero insoslayable- acerca del planteo del parlamentario, en la causa en que denunció al destituido juez federal Felipe Terán por presuntas injurias.
Al advertir la omisión, los vocales (César Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Carlos Norry) anularon la resolución contraria a la petición de Vargas Aignasse, se excusaron con el fiscal y le giraron el planteo para que emita su opinión. “Se había afectado las reglas del debido proceso, con incidencia en el efectivo derecho de defensa del querellante”, argumentaron.
Jogna Prat había deducido un recurso de casación contra el fallo por el cual, el 1 de marzo, la sala II se declaró incompetente -en razón del territorio- para entender en la denuncia deducida contra Terán y sugirió que debía intervenir un tribunal federal de la Capital Federal.
El letrado recurrió la sentencia, porque los camaristas consideraron que la conducta adjudicada a Terán fue concretada en Buenos Aires. Allí, Terán denunció a Vargas Aignasse por presunta concusión o extorsión en grado de tentativa. Según el ex magistrado, el tucumano le habría ofrecido un acuerdo para que el diputado Manuel Baladrón votara a su favor en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el 18 de octubre de 2006, cosa que no sucedió. En respuesta, Vargas Aignasse denunció al ex juez por presuntas injurias ante la Cámara Penal de Tucumán.
Como la sala II de la Cámara Penal se declaró incompetente, Jogna Prat planteó el recurso por entender que, en una interpretación errónea de normas y de hechos, dispuso asignar la causa a un tribunal sin competencia para ello.
En cambio, la resolución anulada sostenía que cuando están en juego los alcances de la jurisdicción de un tribunal, se trata de una cuestión de orden público. Por ende, el querellante particular sólo puede recurrir las resoluciones si también lo hace el fiscal. Por ello, le giraron la causa a Marranzino para que este tenga la posibilidad de recurrir la sentencia del 1 de marzo. Si fuera así, Jogna Prat también quedaría habilitado para plantear la casación.