Por Redacción Política
03 Abril 2007
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El ministro fiscal de la Corte Suprema, Luis de Mitri, presentará mañana, no hoy como se esperaba, su dictamen sobre la competencia del máximo tribunal en las acciones declarativas de certeza impulsadas por dos legisladores.
Los parlamentarios renunciantes de Fuerza Republicana, Carlos Canevaro y Ernesto Padilla, buscan que la Corte se pronuncie sobre la polémica generada entre los poderes Legislativo y Ejecutivo sobre la vigencia de las cinco leyes sancionadas pero devueltas a la Cámara por parte del gobernador José Alperovich, sin vetarlas ni promulgarlas.
Se trata de cinco leyes sancionadas el 12 de febrero, y vetadas ese mes. Las normas son la ratificación del pago del 82% móvil a los jubilados transferidos, la introducción de cambios a la Ley de Autarquía Financiera, la penalización para las prácticas clientelares, la instauración del voto electrónico y la normalización de los entes intervenidos.
Si De Mitri considera que hay un acto lesivo emitido por un poder del Estado contra el equilibrio republicano, se inclinará por la competencia de la Corte.
En cambio, si entiende que los planteos se refieren a un mero acto administrativo del Ejecutivo, sugerirá la remisión de las denuncias a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Luego, la Corte emitirá una resolución propia en la que definirá la competencia y decidirá la procedencia del trámite procesal elegido. LA GACETA (C)
Los parlamentarios renunciantes de Fuerza Republicana, Carlos Canevaro y Ernesto Padilla, buscan que la Corte se pronuncie sobre la polémica generada entre los poderes Legislativo y Ejecutivo sobre la vigencia de las cinco leyes sancionadas pero devueltas a la Cámara por parte del gobernador José Alperovich, sin vetarlas ni promulgarlas.
Se trata de cinco leyes sancionadas el 12 de febrero, y vetadas ese mes. Las normas son la ratificación del pago del 82% móvil a los jubilados transferidos, la introducción de cambios a la Ley de Autarquía Financiera, la penalización para las prácticas clientelares, la instauración del voto electrónico y la normalización de los entes intervenidos.
Si De Mitri considera que hay un acto lesivo emitido por un poder del Estado contra el equilibrio republicano, se inclinará por la competencia de la Corte.
En cambio, si entiende que los planteos se refieren a un mero acto administrativo del Ejecutivo, sugerirá la remisión de las denuncias a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Luego, la Corte emitirá una resolución propia en la que definirá la competencia y decidirá la procedencia del trámite procesal elegido. LA GACETA (C)
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