Garantizan el debido proceso legal para los jueces denunciados

“Trataré de que la actuación marche con celeridad, de manera de que pueda haber un dictamen (ver nota aparte) lo antes posible, para no caer, precisamente, en la mora que le atribuyen a los denunciados”. Esto es lo que pretende el juez Luis María Cabral, que actúa como consejero informante (antes se lo denominaba instructor) en el sumario abierto contra cuatro miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal (Alfredo Bisordi, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Eduardo Riggi) en el Consejo de la Magistratura.
Desde Buenos Aires, Cabral aseguró a LA GACETA que los magistrados, que fueron denunciados por abogados que actúan como querellantes en causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, gozarán de todas las garantías. “Consideraré cada una de las medidas que vayan a adoptarse en el sumario, con el debido respeto al derecho de defensa. No obstante, trataré de estar en condiciones de preparar un informe lo antes posible”, remarcó el magistrado instructor.
Formalmente, el tema no integra el orden del día de la reunión de la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo (tiene nueve miembros y la preside la diputada nacional justicialista Diana Conti), convocada para hoy a las 13, en Libertad 731, segundo piso, de la Capital Federal. No obstante, acaparará toda la atención debido a que hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un pronunciamiento inédito, solicitó el martes al presidente Néstor Kirchner que respete la división de poderes, que no embista contra los vocales de la Cámara de Casación Penal y deje que los resortes institucionales funcionen.

Recolección de pruebas
Antes de que empiecen a tratar los temas en agenda, Cabral (representa, precisamente, a los jueces en el Consejo) informará a sus pares cuáles son las medidas que ya adoptó para avanzar con la investigación preliminar y con la recolección de las pruebas. Hasta el momento, requirió todas las resoluciones de la Cámara de Casación sobre excarcelación, porque los letrados de los organismos de derechos humanos sostienen que los magistrados denunciados cambiaron su criterio para favorecer a militares imputados por crimenes de lesa humanidad.
Otras fuentes del Consejo consultadas por este diario consideran que, más allá de las lecturas políticas, la cuestión es estrictamente jurídica: determinar si hubo un cambio en la jurisprudencia para favorecer a alguien y, asimismo, desentrañar cuál es el causa de las demoras en la tramitación de las causas, también atribuidas a los vocales denunciados.
Al respecto, se informó que en la Cámara Nacional de Casación Penal existen cerca de 200 recursos planteados por militares y, según los denunciantes, algunos no son resueltos desde hace más de tres años, lo que impide en algunos casos la celebración de un juicio oral.